El Banco Central de la República Argentina eliminó una normativa que durante años penalizó al sector agropecuario y encareció el acceso al financiamiento. La medida se formalizó a través de la Comunicación “A” 8418.
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La decisión elimina el esquema que obligaba a los bancos a cuadruplicar las exigencias de capital cuando otorgaban créditos a productores con acopio superior al 5% de su capacidad anual.
En la práctica, ese mecanismo funcionaba como un castigo al almacenamiento, ya que se traducía en tasas mucho más altas para quienes no liquidaban inmediatamente su producción.
Con el cambio, el costo del crédito tenderá a alinearse con las condiciones del mercado. A partir de ahora, el financiamiento dependerá de variables tradicionales como la solvencia y capacidad de pago, y no de decisiones comerciales.
La norma derogada había sido implementada en 2020, durante el gobierno de Alberto Fernández, en un contexto de escasez de divisas y con el objetivo de forzar la liquidación de exportaciones.
Sin embargo, el esquema generó distorsiones en el sistema financiero: desincentivó el crédito al agro y elevó los costos para los productores, con sobrecargos que podían alcanzar hasta 20 puntos porcentuales.
La eliminación de este régimen llega en un momento clave, en la antesala de nuevas campañas, y apunta a mejorar las condiciones para invertir en insumos, maquinaria y tecnología.
La medida se enmarca en un proceso más amplio de desregulación económica, con el que el Gobierno busca eliminar trabas y facilitar el funcionamiento del mercado.