La aprobación de la reforma de la Ley de Glaciares encendió el entusiasmo en la industria minera, que la considera un punto de inflexión para el desarrollo productivo del país.
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Desde la Cámara Argentina de Empresas Mineras destacaron que la nueva normativa aporta claridad y previsibilidad, dos condiciones clave para avanzar con inversiones que estaban paralizadas.
Según estimaciones privadas, el cambio podría destrabar entre US$30.000 millones y US$40.000 millones, principalmente en proyectos de cobre que habían quedado frenados por la falta de definiciones sobre las zonas periglaciares.
La reforma redefine qué áreas deben protegerse bajo criterios técnicos, permitiendo distinguir con mayor precisión dónde se puede desarrollar actividad productiva bajo estándares ambientales exigentes.
Entre los proyectos que podrían reactivarse aparecen Vicuña, El Pachón y Los Azules en San Juan, además de MARA en Catamarca y Taca Taca en Salta, todos vinculados a minerales estratégicos.
El oficialismo logró así una victoria legislativa con impacto económico directo, al combinar protección ambiental con desarrollo productivo y reforzar el rol de las provincias en la toma de decisiones.
Para el sector, Argentina empieza a posicionarse con un marco más competitivo para atraer capitales en un contexto global donde minerales como el cobre, el litio y el oro ganan protagonismo.
Con este escenario, la expectativa es que el país pueda transformar su potencial geológico en inversión concreta, empleo y generación de divisas en el mediano plazo.