El Senado aprobó la reforma de la Ley de Glaciares impulsada por el Gobierno de Javier Milei y abrió el camino para reactivar inversiones mineras millonarias frenadas durante más de una década por restricciones ambientales y litigios judiciales. La iniciativa obtuvo 41 votos a favor y 31 en contra, y quedó ahora a consideración de Diputados.
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El proyecto apunta a terminar con la ambigüedad normativa que convirtió al ambiente periglacial en una prohibición de facto sobre la minería, un esquema que —según el oficialismo— paralizó proyectos productivos en provincias cordilleranas bajo presión de organizaciones ambientalistas y fallos judiciales restrictivos. La reforma redefine criterios técnicos y devuelve a las provincias el rol central en la identificación de áreas protegidas.
Uno de los ejes es el artículo que permite que cada provincia determine la autoridad de aplicación sobre glaciares y zonas periglaciares, en línea con el dominio originario de los recursos establecido por la Constitución. Para el oficialismo y gobernadores mineros, se trata de recuperar soberanía provincial sobre recursos estratégicos que la ley vigente había dejado en manos de interpretaciones centralizadas y organismos técnicos cuestionados.
Durante el debate, senadores oficialistas y aliados señalaron que la normativa actual generó incertidumbre jurídica, judicialización crónica y fuga de inversiones, al ampliar sin base científica clara la categoría de protección periglacial. También cuestionaron el rol del IANIGLA, al que acusaron de basarse en imágenes satelitales sin verificación territorial, lo que derivó en la paralización de proyectos.
La exsecretaria de Energía Flavia Royón remarcó que la reforma no elimina protección ambiental sino que la vuelve precisa y verificable, y desarmó uno de los ejes del discurso anti-minero: en provincias como San Juan, la minería consume apenas 1,2% del agua, frente al 94% del agro. El dato expuso —según el oficialismo— el uso político del argumento hídrico para frenar la actividad.
En el cierre, Patricia Bullrich sintetizó el enfoque del Gobierno: la ley vigente consolidó la idea de que Argentina debía elegir entre ambiente o desarrollo, una dicotomía que Milei busca revertir para explotar recursos y generar empleo en el interior. “No es agua o trabajo”, afirmó, en una frase que marcó el tono del debate.
La media sanción refleja un cambio de paradigma: el Senado avanzó hacia un modelo que prioriza producción, federalismo y explotación de recursos naturales, frente a un esquema ambiental restrictivo que, para el oficialismo, mantuvo a provincias ricas en minerales atrapadas en el subdesarrollo.