La Libertad Avanza consiguió dictamen en el Senado para la denominada Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, uno de los proyectos impulsados por el gobierno de Javier Milei para reformar el sistema de desalojos, expropiaciones y regulación sobre tierras rurales.
Te puede interesar
La iniciativa quedó lista para ser debatida en el recinto durante las próximas semanas y forma parte del paquete de reformas que la Casa Rosada considera clave para reforzar la seguridad jurídica y terminar con años de avances sobre la propiedad privada.
La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, celebró el avance legislativo y aseguró que se trata de reformas que el “Congreso más reformista de la historia convertirá en ley”.
Entre los principales cambios aparece la implementación de desalojos exprés frente a usurpaciones, una diferenciación más clara entre ocupantes legítimos y usurpadores, y nuevas limitaciones al régimen de expropiaciones.
Según explicaron desde el oficialismo, uno de los objetivos centrales es evitar vacíos legales que durante años facilitaron tomas de terrenos, conflictos judiciales eternos y vulneración de derechos de propiedad.
El proyecto también elimina capítulos vinculados al Registro Nacional de Barrios Populares, un esquema cuestionado por el oficialismo por haber consolidado situaciones de ocupación irregular bajo administraciones kirchneristas.
Otro punto importante de la reforma apunta a las tierras rurales, otorgando mayor autonomía a las provincias para regular la compra de campos por parte de extranjeros, aunque manteniendo controles nacionales en zonas de frontera.
Además, el oficialismo avanzó sobre modificaciones a la Ley de Manejo del Fuego, cuestionando restricciones impulsadas durante el kirchnerismo que, según sostienen, perjudicaban actividades productivas y agropecuarias.
Desde la oposición peronista intentaron frenar el dictamen reclamando más tiempo para analizar los cambios introducidos al proyecto, aunque el oficialismo logró reunir las firmas necesarias gracias al acompañamiento de sectores dialoguistas.
En la Casa Rosada consideran que la iniciativa representa un cambio profundo después de años en los que la propiedad privada quedó sometida a regulaciones, ocupaciones ilegales y trabas burocráticas impulsadas por gobiernos anteriores.