El Gobierno de Javier Milei dio un paso importante para aprobar el Presupuesto 2027: consiguió dictamen de mayoría en la Comisión de Presupuesto y Hacienda de Diputados y buscará debatirlo en el recinto el próximo miércoles 25 de noviembre. El acuerdo incorporó modificaciones reclamadas por sus aliados y mantuvo el equilibrio fiscal como eje de la propuesta.
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La Libertad Avanza reunió 27 firmas, con el acompañamiento del PRO, la UCR, el MID y representantes de bloques provinciales. El respaldo permitió destrabar el tratamiento después de semanas de negociaciones y acercó al Ejecutivo a su objetivo de obtener la media sanción.
El avance tiene una importancia que excede el trámite parlamentario. El presupuesto define cómo se distribuirán los recursos públicos y hasta dónde podrá gastar el Estado. Sostener el orden de las cuentas frente a las demandas sectoriales constituye una de las principales pruebas políticas del programa económico.
Crecimiento del 4% y equilibrio fiscal
El proyecto conserva las principales proyecciones del Ejecutivo: un crecimiento del Producto Bruto Interno del 4%, una inflación anual del 18% y un dólar oficial de $1.847,60 para diciembre de 2027.
Esas estimaciones conforman el escenario sobre el que se calcularon los ingresos y gastos del próximo año. La apuesta oficial consiste en sostener la disciplina fiscal mientras la economía amplía su actividad.
El criterio presupuestario tiene una consecuencia concreta: cada reclamo de mayores partidas debe discutirse junto con su financiamiento. El gasto público compromete recursos de los contribuyentes, por lo que su expansión exige algo más que una declaración de buenas intenciones.
La negociación permitió incorporar cambios y reunir respaldos sin reemplazar ese objetivo central por una ampliación generalizada de las erogaciones.
Servicios sociales concentra la mayor asignación
La principal finalidad del gasto prevista en el proyecto es servicios sociales, con $150,9 billones. Le siguen deuda pública, con $18,6 billones; servicios económicos, con $13,1 billones; administración gubernamental, con $9,9 billones; y defensa y seguridad, con $9,5 billones.
Entre los acuerdos alcanzados se destaca el financiamiento del nuevo régimen de discapacidad, que obtuvo aprobación en Diputados y todavía debe completar su tratamiento en el Senado.
La diputada Laura Rodríguez Machado explicó que el artículo 35 contempla financiar los programas correspondientes a través de la jurisdicción del Ministerio de Salud.
“Desde el día 1 dijimos que esto se iba a concretar y este despacho es la prueba de que cumplimos con nuestra palabra”, sostuvo.
La incorporación permite dar una respuesta presupuestaria a esa discusión y establece dónde se ubicarán los recursos destinados a las prestaciones.
Los acuerdos con los aliados
El acompañamiento parlamentario requirió modificaciones concretas. Entre ellas, se retiró la disposición que eliminaba la actualización automática de las asignaciones familiares y se incorporaron cambios vinculados con discapacidad y beneficios para el sector autopartista.
También se alcanzó un compromiso político para negociar la regularización de las deudas por coparticipación con la Ciudad de Buenos Aires. Ese entendimiento no quedó incorporado expresamente al articulado, por lo que deberá resolverse por una vía separada.
Además, el proyecto incluyó autorizaciones para operaciones de financiamiento porteño con el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF).
Estos acuerdos muestran cómo el oficialismo busca construir una mayoría: aceptar modificaciones específicas y sostener los objetivos fiscales generales. El desafío será trasladar ese entendimiento al recinto.
Universidades y diferencias con la oposición
En materia universitaria, el Gobierno mantuvo las partidas previstas, que superan ligeramente los $7 billones, frente a los $11 billones solicitados por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN).
La diferencia no impidió que los diputados radicales acompañaran el dictamen. El respaldo permitió avanzar con el proyecto, aunque el financiamiento universitario continúa entre los puntos de desacuerdo.
Por su parte, Unión por la Patria y Provincias Unidas presentaron dictámenes alternativos con mayores asignaciones para distintas áreas.
La discusión presupuestaria obliga a precisar cómo se financiará cada propuesta. Reclamar más recursos es una posición política; explicar de dónde saldrán y cómo se administrarán es parte de la responsabilidad de gobernar.
El próximo paso será la votación en Diputados
Con el dictamen obtenido, el Ejecutivo buscará llevar el Presupuesto 2027 al recinto el 25 de noviembre. Si consigue la media sanción, el proyecto deberá pasar al Senado.
Milei logró un avance parlamentario y preservó el equilibrio fiscal como prioridad de la negociación. La votación permitirá comprobar si los apoyos reunidos en comisión alcanzan para aprobar el esquema de ingresos y gastos con el que el Gobierno pretende sostener su programa económico durante 2027.