El gobierno de Axel Kicillof asignó $59.337.766.000 al Ministerio de Comunicación Pública en el Presupuesto 2026. La cifra corresponde al conjunto de las funciones del área: no puede presentarse íntegramente como pauta publicitaria ni como dinero ya gastado en medios sin contar con el desglose y los registros de ejecución.
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La misma ley incorpora otra decisión sobre el manejo de fondos públicos. Su artículo 41 permite que los municipios conserven determinados subsidios transferidos que permanecían sin ejecutar al 31 de diciembre de 2025, sin obligación de devolverlos por esa circunstancia. Para conocer el alcance efectivo de la medida, resulta necesario identificar qué municipios quedaron comprendidos, cuánto dinero conservaron y en qué lo utilizaron.
El alcance de la disposición sobre los municipios
La posibilidad de retener esos saldos no equivale a una autorización para desviarlos de su finalidad ni elimina automáticamente las obligaciones de rendición de cuentas. Sin embargo, la decisión del Ejecutivo provincial modifica el tratamiento de fondos que no se utilizaron dentro del plazo previsto y vuelve especialmente relevante el seguimiento de su destino posterior.
El Presupuesto 2026 establece, además, erogaciones por $43,02 billones frente a recursos estimados por $41,48 billones, con una diferencia aproximada de $1,54 billones que requiere financiamiento. En ese marco, la asignación a Comunicación Pública y las condiciones de uso de los subsidios municipales son dos aspectos concretos de la administración de recursos que pueden examinarse mediante información pública de ejecución y control.
La cuestión central es qué resultados tuvieron esas decisiones presupuestarias: cuánto se destinó efectivamente a publicidad oficial, cuáles fueron sus beneficiarios y cómo se utilizaron los subsidios que los municipios quedaron habilitados a conservar. Sin esos datos, no es posible establecer irregularidades ni atribuir a las partidas una finalidad distinta de la prevista en la ley.