El Gobierno de Axel Kicillof abrió una licitación pública por $2.278.171.592,43 para desarrollar una estructura audiovisual que dará soporte al canal de streaming oficial "ViBra Bonaerense". La iniciativa generó fuertes cuestionamientos de La Libertad Avanza, que denunció un posible uso político de los recursos públicos y reclamó explicaciones en la Legislatura bonaerense.
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Los bloques libertarios en ambas cámaras presentaron pedidos de informes sobre el Proceso de Compra N.º 401-0405-LPU26, impulsado por el Ministerio de Comunicación Pública, que conduce Jesica Rey. El objetivo es conocer el alcance del proyecto, los criterios de contratación y el destino que tendrá la nueva plataforma audiovisual.
La licitación prevé una inversión superior a los $2.278 millones y establece un plazo de ejecución de seis meses, con inicio previsto para el 1° de octubre de 2026. Entre los servicios requeridos figuran 60 unidades móviles de producción, 60 servicios de cámaras, 20 puestos de control central, sistemas de filmación con drones, grúas Jimmy Jib, equipamiento ENG, transmisión mediante tecnología 4G, un estudio de producción propio y capacidad satelital permanente.
Desde La Libertad Avanza cuestionaron la magnitud del gasto y sostuvieron que el proyecto podría convertirse en una herramienta de comunicación partidaria. "Para tener su propio 6,7,8 siempre hay plata", expresaron legisladores del espacio, quienes además acusaron al Ejecutivo provincial de utilizar recursos públicos para financiar una "trinchera ideológica".
Las críticas también apuntan al contexto económico y financiero de la provincia. La oposición remarcó que mientras persisten reclamos por el funcionamiento de IOMA, la situación del sistema de salud y los problemas de inseguridad, el Gobierno bonaerense decidió avanzar con una millonaria inversión destinada a un nuevo esquema de producción audiovisual.
Otro de los puntos observados por los legisladores son las condiciones técnicas fijadas en el pliego licitatorio. Según advirtieron, algunos de los requisitos exigidos —como la experiencia previa de las empresas y la disponibilidad permanente de infraestructura satelital— podrían restringir la competencia entre oferentes y favorecer a proveedores que ya mantienen vínculos con la administración provincial.