El Gobierno nacional avanza en una de las reformas económicas que considera centrales para consolidar su programa: la modificación de la Carta Orgánica del Banco Central. La iniciativa apunta a redefinir el funcionamiento de la entidad, reducir su margen para financiar el gasto público mediante emisión y volver a ubicar la defensa del valor de la moneda como eje principal de su actuación.
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La propuesta forma parte de la agenda legislativa impulsada por Javier Milei y tiene como principal antecedente la reforma sancionada en 2012, durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner. Desde la Casa Rosada sostienen que esos cambios ampliaron las funciones del BCRA y facilitaron su utilización como herramienta de financiamiento del Tesoro.
Uno de los aspectos que el Ejecutivo pretende revertir es la modificación del artículo 3 de la Carta Orgánica. Antes de la reforma kirchnerista, la misión principal del organismo era preservar el valor de la moneda. Luego se incorporaron otros objetivos, como la promoción del empleo, el desarrollo económico y la estabilidad financiera, ampliando el margen de intervención del Banco Central.
En una reciente exposición en la Fundación Faro, el Presidente volvió a cuestionar ese esquema y responsabilizó a la gestión de Mercedes Marcó del Pont por haber modificado el rol de la autoridad monetaria. "¿Qué podemos pretender de alguien de un Banco Central kirchnerista? La bruta de Marcó del Pont a un instrumento de política económica le asignó cinco objetivos", expresó Milei.
Otro de los cambios que impulsa el oficialismo alcanza al artículo 20, que regula los adelantos transitorios al Tesoro Nacional. El Gobierno considera que la flexibilización introducida en 2012 permitió ampliar el financiamiento del déficit fiscal mediante emisión monetaria, elevando los límites para asistir al Estado y favoreciendo el crecimiento de los pasivos del Banco Central.
Con la reforma, el Ejecutivo pretende volver al esquema previo a 2012, reforzar la autonomía institucional del BCRA y establecer mayores restricciones para la emisión destinada a cubrir el gasto público. Según la visión del Gobierno, estas modificaciones buscan consolidar un marco monetario más estable y fortalecer la confianza en el peso como parte del proceso de desinflación.