El Gobierno de Javier Milei avanzó en el frente judicial internacional para impedir que el Reino Unido consolide la explotación petrolera en aguas próximas a las Islas Malvinas. Ante el Tribunal Internacional del Derecho del Mar, en Hamburgo, la delegación encabezada por María Ibarzábal Murphy solicitó medidas provisionales contra el proyecto Sea Lion.
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La presentación apunta a proteger los recursos naturales y el medio marino mientras continúa el procedimiento arbitral. El pedido no busca que el Tribunal resuelva la soberanía del archipiélago, sino que intervenga para evitar consecuencias irreversibles vinculadas con la actividad petrolera.
La iniciativa representa una acción concreta de defensa de los intereses nacionales: llevar los cuestionamientos argentinos a una instancia judicial internacional y exigir límites al avance unilateral británico.
El reclamo contra los hechos consumados
Durante la exposición, la representación argentina cuestionó que Londres autorice la explotación de recursos no renovables en una zona atravesada por una controversia de soberanía pendiente.
El planteo se concentró en Sea Lion, ubicado en la Cuenca Malvinas Norte, cuyo desarrollo contempla distintas etapas, 23 pozos de producción y un horizonte de explotación de 35 años, según lo expuesto por la delegación.
La Argentina recordó la Resolución 31/49 de la Asamblea General de las Naciones Unidas, que insta a las partes a abstenerse de adoptar decisiones unilaterales que modifiquen la situación mientras continúa el proceso de negociación.
El argumento nacional señala un problema central: el petróleo extraído no puede recuperarse mediante una negociación posterior. Permitir que el proyecto avance mientras se tramita la controversia podría vaciar de contenido la protección de los derechos que reclama el país.
La advertencia sobre los daños irreversibles
El consejero legal de la Cancillería y agente argentino ante el Tribunal, Mario Oyarzábal, explicó por qué la delegación considera urgente una intervención.
“Lo que está en juego no puede ser restituido. Los hidrocarburos son recursos no renovables y su extracción es definitiva”, sostuvo.
La presentación también abordó los riesgos de accidentes. Según expuso la Argentina, los planes de contingencia de una de las compañías involucradas contemplan que un eventual derrame podría alcanzar aguas argentinas no disputadas en 30 días.
Ese escenario sumaría consecuencias ambientales a la pérdida de recursos. El país podría verse obligado a participar de una respuesta frente a un accidente provocado por una actividad que no autorizó y que cuestiona.
La protección ambiental forma así parte del fundamento del pedido de medidas provisionales: evitar daños mientras se sustancia el arbitraje, antes de que una resolución llegue demasiado tarde.
Ibarzábal Murphy al frente de la delegación
La secretaria Legal y Técnica de la Presidencia encabezó una comitiva integrada por funcionarios y especialistas en derecho internacional.
Oyarzábal presentó los antecedentes y los derechos argentinos comprometidos. Marcelo Kohen desarrolló los argumentos sobre la competencia del tribunal arbitral, mientras que Nico Schrijver abordó la urgencia del pedido y los riesgos ambientales.
También participaron la embajadora argentina en Alemania, Betina Pasquali de Fonseca, como coagente, y el asesor jurídico Agustín Giustiniani. La preparación del reclamo involucró a la Secretaría Legal y Técnica, la Cancillería, el Ministerio de Economía y la Procuración del Tesoro.
Cómo sigue la disputa con el Reino Unido
Las audiencias se desarrollan el 10 y el 11 de noviembre. La segunda jornada contempla una nueva intervención argentina y la exposición británica que cerrará esa ronda del procedimiento.
El Tribunal deberá evaluar el pedido de medidas provisionales. Por ahora, la Argentina presentó sus argumentos y reclamó una intervención para impedir que la explotación avance.
El paso del Gobierno de Milei merece destacarse por su objetivo concreto: defender los recursos argentinos mediante herramientas jurídicas y exigir que Londres responda por las decisiones que impulsa en el Atlántico Sur. La soberanía también se defiende evitando que los recursos en disputa se conviertan en un negocio consumado.