El Gobierno nacional aprovechó el 197° aniversario de la creación de la Comandancia Política y Militar de las Islas Malvinas para reforzar su reclamo de soberanía sobre el archipiélago y endurecer su postura frente al avance del proyecto petrolero Sea Lion, impulsado por empresas británicas e israelíes sin autorización de la Argentina.
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A través de un comunicado oficial, la Cancillería calificó de "ilegales" las actividades de exploración y explotación de hidrocarburos que se desarrollan en áreas sujetas a disputa de soberanía y advirtió que la administración de Javier Milei utilizará "todas las acciones disponibles" para impedir su concreción.
El documento cuestionó directamente a las compañías Rockhopper Exploration PLC y Navitas Petroleum Development and Production Limited, responsables del desarrollo del yacimiento ubicado en la Cuenca Malvinas Norte. El proyecto contempla una inversión inicial cercana a USD 2.100 millones, el inicio de perforaciones en 2027 y una producción estimada a partir de 2028, con reservas recuperables superiores a los 1.000 millones de barriles de petróleo.
Desde el Gobierno sostienen que cualquier avance unilateral sobre recursos naturales en territorios en disputa resulta incompatible con el derecho internacional. En ese sentido, la Cancillería recordó la vigencia de la Resolución 31/49 de la Asamblea General de las Naciones Unidas, que insta a las partes a abstenerse de modificar la situación mientras la controversia permanezca abierta.
Además, el Ejecutivo reiteró que la Resolución 2065 de la ONU reconoció formalmente la existencia de una disputa de soberanía entre Argentina y el Reino Unido e instó a ambas partes a negociar una solución pacífica.
La posición oficial fue respaldada por el presidente Javier Milei, quien ratificó que la Argentina actuará con firmeza frente a cualquier intento de avanzar sobre recursos que pertenecen a los argentinos. En la misma línea, el canciller Pablo Quirno aseguró que el país continuará utilizando todas las herramientas diplomáticas y pacíficas disponibles para sostener el reclamo soberano.
El Gobierno también repasó los fundamentos históricos de la posición argentina, entre ellos la toma de posesión realizada por David Jewett en 1820, la designación de Luis Vernet como primer comandante político y militar y la ocupación británica de 1833, considerada por Buenos Aires como el origen de la controversia vigente.
A casi dos siglos de la creación de la Comandancia Política y Militar de las Islas Malvinas, la administración de Milei reafirmó que la defensa de la soberanía nacional y de los recursos estratégicos argentinos continuará siendo una prioridad central de la política exterior del país.