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Diputados dio luz verde a las auditorías por discapacidad y a penas más duras contra el vandalismo rural

La Cámara aprobó proyectos para reforzar los controles sobre las pensiones, acelerar desalojos y proteger la producción agropecuaria. Las iniciativas todavía deben completar su trámite legislativo, mientras que el debate sobre endeudamiento familiar volvió a comisión.

Por Redacción

Jueves, 22 de octubre de 2026 a las 14:30

La Cámara de Diputados aprobó tres iniciativas que ponen el foco en el control de los recursos públicos, la defensa de la propiedad privada y la protección de los productores rurales. La sesión dejó avances para esos proyectos, aunque también expuso los límites de los acuerdos parlamentarios: el oficialismo no consiguió reunir los votos necesarios para avanzar con su propuesta sobre endeudamiento familiar.

El respaldo más amplio correspondió al nuevo régimen de Discapacidad, que obtuvo 237 votos afirmativos, nueve negativos y cuatro abstenciones y pasó al Senado. El texto contempla auditorías periódicas para verificar el cumplimiento de los requisitos de acceso a las prestaciones.

Los controles permitirán cruzar información de ANSES, ARCA, RENAPER y SINTyS para revisar los datos declarados y detectar posibles cobros indebidos. La fiscalización apunta a una responsabilidad básica del Estado: administrar los recursos con criterios verificables y garantizar que las prestaciones lleguen a quienes les corresponden.

Auditar también significa proteger el sistema y a sus beneficiarios. Las irregularidades consumen recursos que deben destinarse a las personas que cumplen con las condiciones de acceso. El desafío será que los controles sean rigurosos y que las decisiones se apoyen en información comprobada.

Propiedad privada: avanzan los desalojos más rápidos

La Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada consiguió 124 votos a favor, 119 en contra y seis abstenciones. Como Diputados modificó el texto que había aprobado el Senado, la iniciativa deberá regresar a la Cámara alta.

El proyecto busca acortar los plazos para recuperar inmuebles ocupados y ampliar las garantías económicas frente a las expropiaciones. Entre sus disposiciones, incorpora el lucro cesante al cálculo de las indemnizaciones, bajo las condiciones previstas en el texto.

La discusión alcanza un problema concreto: el propietario soporta un perjuicio mientras no puede disponer de su inmueble. Agilizar los procedimientos y establecer reglas claras para las compensaciones son herramientas para fortalecer la protección de ese derecho.

Sin embargo, el texto aprobado también incluye una modificación que se aparta de la propuesta original del Ejecutivo: restituye la Ley de Tierras Rurales y sus límites a la titularidad extranjera, cuya derogación había impulsado el Gobierno mediante el DNU 70/2023.

Más sanciones para quienes atacan la producción

Con 162 votos afirmativos, 77 negativos y una abstención, Diputados aprobó además una reforma del Código Penal para endurecer las sanciones por vandalismo rural.

La iniciativa contempla daños contra cultivos, ganado, silobolsas, maquinaria e infraestructura agropecuaria, además del ingreso no autorizado a establecimientos en los supuestos definidos por el proyecto. Su entrada en vigencia dependerá de que complete el trámite legislativo.

Atacar un silobolsa o destruir maquinaria implica golpear el trabajo y el capital de quienes producen. La reforma busca reforzar la respuesta penal frente a hechos que pueden provocar pérdidas importantes y comprometer la continuidad de una explotación.

Morosidad: el oficialismo no consiguió los votos

El resultado adverso para La Libertad Avanza llegó durante el tratamiento del proyecto sobre endeudamiento familiar. Después de más de dos horas y media de debate, el bloque pidió devolverlo a comisión al no contar con los apoyos necesarios para aprobar su dictamen. La moción prosperó por 121 votos a favor, 117 en contra y cinco abstenciones.

La propuesta oficialista priorizaba la transparencia de los costos financieros, la portabilidad de créditos y herramientas para limitar gastos con tarjetas. La oposición impulsaba medidas de refinanciación y alivio de deudas. El debate quedó pendiente, sin una nueva fecha definida.

La sesión dejó un avance parlamentario en controles y protección de la propiedad, pero las votaciones todavía deben traducirse en normas definitivas. El regreso de los proyectos al Senado y la negociación sobre morosidad marcarán la próxima instancia.

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