El Gobierno de Javier Milei avanzó con la privatización de Agua y Saneamientos Argentinos (AySA) tras abrir las ofertas económicas para transferir al sector privado el 90% de las acciones estatales. El consorcio integrado por Rowing, Arcos, Transclor y PHX presentó la propuesta más alta, por USD 340,2 millones.
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La oferta superó los USD 285 millones presentados por el grupo encabezado por Roggio. Sin embargo, la operación todavía no puede considerarse definitivamente cerrada: la apertura de sobres constituye una instancia del proceso y resta que el Estado complete la evaluación y formalice la adjudicación.
El consorcio mejor posicionado reúne a la firma argentina de ingeniería Rowing S.A., la proveedora de insumos para potabilización Transclor, la brasileña Arcos Saneamento e Participações y el vehículo de inversión neerlandés PHX Aqua AR B.V. El 10% restante de las acciones continuará en manos de los trabajadores mediante el Programa de Propiedad Participada.
De los subsidios millonarios a la inversión obligatoria
La privatización busca terminar con un esquema que absorbió recursos públicos durante casi dos décadas sin alcanzar una cobertura completa. Entre 2006 y 2023, AySA recibió más de USD 13.400 millones del Tesoro Nacional, pero un tercio del área concesionada todavía permanecía sin acceso simultáneo a agua potable y cloacas.
El diagnóstico oficial también expuso que las pérdidas de agua no contabilizada alcanzaron el 42%, la morosidad pasó del 4% al 16% y los costos operativos aumentaron 80%. El contraste resume el fracaso del modelo estatal: miles de millones aportados por los contribuyentes, pero redes incompletas, infraestructura deteriorada y enormes niveles de ineficiencia.
El nuevo operador deberá ejecutar un plan obligatorio superior a USD 2.000 millones durante los primeros cinco años. Las inversiones estarán destinadas a ampliar las redes de agua y cloacas, mejorar plantas, bombas y cañerías y reducir las pérdidas del sistema. El contrato tendrá una duración inicial de 30 años, con la posibilidad de extenderse por otros diez.
AySA presta servicio a alrededor de 14 millones de personas en la Ciudad de Buenos Aires y 26 municipios bonaerenses. Una vez finalizado el proceso licitatorio, el nuevo operador deberá asumir la gestión integral entre enero y febrero de 2027. El cambio de modelo apunta a que las obras sean financiadas por capital privado y no por el bolsillo de los contribuyentes, mientras el Estado conserva la responsabilidad de controlar las tarifas, las inversiones y la calidad del servicio.