El Gobierno nacional dio un nuevo paso en la privatización de AySA con la apertura de las ofertas técnicas para seleccionar al futuro operador de la compañía. El proceso prevé transferir al sector privado el 90% de las acciones actualmente en poder del Estado y exigir inversiones superiores a US$2.000 millones durante los primeros cinco años.
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La licitación recibió propuestas de dos oferentes, que ahora deberán atravesar la evaluación técnica correspondiente. El 10% restante de AySA continuará en manos de sus trabajadores mediante el Programa de Propiedad Participada.
El ministro de Economía, Luis Caputo, destacó el avance del proceso y puso el foco en las obligaciones que deberá asumir el futuro concesionario. El denominado Plan de Acción 2027-2031 contempla inversiones por $2,89 billones a valores de diciembre de 2025 y sin IVA, equivalentes a más de US$2.000 millones según los cálculos difundidos por el Ejecutivo.
Más inversión y nuevas metas de cobertura
Los recursos deberán destinarse principalmente a expandir y mejorar las redes de agua potable y cloacas. Para 2031, el contrato establece una cobertura mínima del 75,3% para agua y del 63,9% para cloacas. Durante los 30 años iniciales de concesión, esas metas deberán alcanzar al menos el 90% y el 75%, respectivamente.
El Gobierno fundamentó el cambio de modelo en los resultados acumulados durante la administración estatal. Según datos difundidos por Economía, AySA recibió más de US$13.400 millones en transferencias del Tesoro entre 2006 y 2023, mientras una parte significativa del área concesionada continúa sin cobertura completa de agua potable y cloacas.
La Casa Rosada busca reemplazar ese esquema por uno en el que el privado asuma la operación, las inversiones y la expansión del servicio, mientras que el Estado mantendrá las funciones de regulación y fiscalización.
Control estatal y sanciones por incumplimientos
El contrato establece que el cumplimiento del programa de inversiones será supervisado anualmente por el ERAS y que las obras financiadas por el concesionario deberán ser certificadas por un auditor técnico independiente.
Además, se contemplan multas y hasta la pérdida de la concesión ante incumplimientos graves y reiterados. Durante el primer período tarifario de cinco años tampoco se proyectan aumentos de las tarifas en términos reales, salvo las excepciones contempladas contractualmente.
“Esto significa más obras, más inversiones, más seguridad y menos costos para todos los argentinos”, sostuvo Caputo al defender el nuevo esquema.
Con la apertura de las ofertas técnicas, la privatización ingresa ahora en su etapa de evaluación. Para el Gobierno de Javier Milei, AySA constituye una pieza central de su estrategia para reducir la participación estatal directa en empresas y trasladar al sector privado las obligaciones de inversión y operación.