El Gobierno nacional puso sobre la mesa los principales números de su programa de reformas y vinculó la inflación del 1,7% registrada en agosto con el ordenamiento de las cuentas públicas y el abandono de la emisión monetaria para financiar el déficit.
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El encargado de realizar el balance fue el vocero presidencial, Adrián Ravier, quien sostuvo que el último dato inflacionario representa una consecuencia del rumbo económico adoptado por la administración de Javier Milei. “La solución no eran los controles de precios, sino ordenar la macroeconomía y dejar de emitir”, afirmó.
Ravier contrastó el actual programa con las políticas de controles aplicadas durante gobiernos anteriores y señaló que la estabilización macroeconómica constituye una condición necesaria para recuperar el crecimiento y reducir la pobreza.
Desregulación y reducción del Estado
Otro de los números destacados por el vocero fueron las más de 17.100 desregulaciones implementadas por el Gobierno, como parte de la estrategia para eliminar trabas burocráticas y reducir costos para la actividad privada.
A ese proceso se sumó la reducción de más de 76.000 puestos en la Administración Pública Nacional, equivalente a una caída del 15% del personal. Según las cifras presentadas por el Ejecutivo, la reestructuración representó un ahorro de US$2.957 millones durante el último año.
El funcionario también puso como ejemplo el comportamiento de los precios de la indumentaria y el calzado, que, de acuerdo con los datos expuestos durante la conferencia, acumularon una caída del 45% en términos reales desde noviembre de 2023.
“Una Argentina estable es el primer paso para reducir la pobreza y volver a crecer de manera sostenida”, sostuvo Ravier.
Privatizaciones, infraestructura y apertura económica
Durante su exposición, el vocero repasó además otras iniciativas que forman parte del programa oficial. Entre ellas mencionó la gestión privada de la vía navegable troncal, cuyo nuevo esquema contempla una reducción del 13,5% en el peaje y trabajos destinados a mejorar la capacidad logística.
También se refirió al avance de la privatización de AySA, cuyo futuro operador deberá afrontar un programa obligatorio de inversiones para ampliar las redes de agua potable y cloacas. La intención oficial es que el sector privado asuma la operación y las inversiones mientras el Estado mantenga las tareas de regulación y fiscalización.
Ravier destacó, además, el reciente fallo de la Corte Suprema sobre las tasas municipales sin contraprestación efectiva y lo enmarcó en la intención del Ejecutivo de reducir cargas que considera distorsivas para la actividad económica.
Malvinas y una nueva ofensiva judicial
En materia internacional, el Gobierno anunció que ampliará la denuncia judicial vinculada con la explotación de hidrocarburos en las Islas Malvinas para incorporar a nuevas empresas que estarían desarrollando actividades sin autorización argentina.
Ravier aseguró que la administración nacional utilizará “todos los medios que tenga a su disposición” frente a actividades que considere contrarias a los derechos argentinos sobre las islas.
La conferencia funcionó así como un balance de distintos frentes de la gestión de Milei: inflación, reducción del Estado, desregulación, privatizaciones y apertura económica, ejes con los que el Gobierno busca mostrar los resultados de su programa de transformación económica.