El gobierno de Lula da Silva enfrenta un problema que las promesas de disciplina fiscal no lograron resolver: las cuentas siguen en rojo y las expectativas empeoran. El relevamiento Prisma Fiscal de octubre, publicado por el Ministerio de Hacienda brasileño, elevó la proyección del déficit primario del Gobierno central para 2026 de 52.271 millones a 53.048 millones de reales.
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La revisión también alcanzó a la deuda. El mercado estimó que la deuda bruta del Gobierno general llegará al 83,4% del PBI, un escenario que aumenta la presión sobre la administración petista para presentar un programa fiscal creíble. Son proyecciones de cierre de año que reflejan las expectativas de los analistas relevados.
Un desequilibrio que se agrava con los intereses
El déficit primario mide la diferencia entre ingresos y gastos antes del pago de intereses. Cuando se incorpora ese costo, el desequilibrio resulta considerablemente mayor: la previsión del déficit nominal del Gobierno central para 2026 subió de 1,116 billones a 1,120 billones de reales.
La diferencia expone una dificultad central: el Gobierno debe financiar tanto el funcionamiento del Estado como el costo de una deuda creciente. Por eso, discutir únicamente el cumplimiento formal de una meta presupuestaria deja afuera una parte decisiva del problema.
Para Lula, el desafío consiste en demostrar cómo sostendrá sus compromisos de gasto sin profundizar el endeudamiento. La credibilidad económica exige resultados que puedan observarse en las cuentas públicas, además de anuncios.
El Tesoro intervino ante la tensión financiera
La preocupación fiscal tuvo consecuencias concretas en los mercados. El 26 de octubre, el ministro de Hacienda, Dario Durigan, anticipó que buscará un superávit primario efectivo mayor en 2027, aunque no precisó una cifra. En esa misma jornada, el Tesoro canceló subastas de deuda y realizó recompras extraordinarias frente a la fuerte suba de las tasas de interés de largo plazo.
La intervención permitió dimensionar la urgencia del problema: el Gobierno necesita convencer a quienes financian al Estado de que podrá ordenar sus cuentas. Prometer un esfuerzo mayor para el próximo año deja pendiente la pregunta más importante: qué decisiones tomará para hacerlo posible.
El costo político de revisar gastos puede resultar incómodo para Lula. Pero postergar esa discusión también tiene un precio, que se expresa en deuda, intereses y menor margen para administrar los recursos públicos.