El Gobierno nacional dio un paso clave en el proceso de privatización de la Vía Navegable Troncal, la principal ruta fluvial del país por donde circula cerca del 80% de las exportaciones argentinas. El Ministerio de Economía informó la preadjudicación de la concesión al consorcio Jan de Nul-Servimagnus, tras completar la evaluación técnica y económica de las ofertas presentadas.
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La decisión representa un avance decisivo para una obra estratégica que busca mejorar la navegación, incorporar nuevas inversiones y resolver problemas de infraestructura que durante años afectaron la competitividad del sector exportador.
Según informó la cartera económica, el nuevo esquema permitirá una reducción inmediata del 13,5% en los costos logísticos, además de sumar tecnología, mejorar la señalización y optimizar el funcionamiento de la principal vía de salida de la producción argentina.
Durante el proceso de evaluación, la oferta de DEME NV fue desestimada tras quedar por debajo en la calificación general, mientras que la propuesta de DTA Engenharia fue declarada inadmisible por incumplir requisitos básicos de la licitación.
Desde el Gobierno destacaron que la Agencia Nacional de Puertos y Navegación auditó cada etapa del procedimiento y confirmó el cumplimiento de las normas nacionales y de las recomendaciones internacionales elaboradas junto a la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD).
Además, remarcaron que la licitación no recibió impugnaciones durante las etapas de evaluación y que la Justicia rechazó todas las denuncias que intentaron frenar el proceso.
La Vía Navegable Troncal es una infraestructura fundamental para el agro, la industria y las economías regionales, ya que concentra gran parte del flujo de exportaciones y del ingreso de divisas al país. Por eso, el sector privado venía reclamando desde hace años obras de mantenimiento, mayor profundidad y reglas estables para operar con menores costos.
Con la preadjudicación ya definida, se abre ahora un plazo de siete días para eventuales impugnaciones formales. Una vez concluida esa etapa, el Gobierno quedará en condiciones de avanzar con la adjudicación definitiva y poner en marcha un nuevo esquema de gestión para una de las obras más importantes del comercio exterior argentino.