El Gobierno de Santa Fe y el Ministerio Público de la Acusación (MPA) llevaron adelante este lunes un nuevo derribo de un punto de venta de drogas en Rosario, en el marco de la Ley de Microtráfico. El procedimiento se realizó en Benteveo 790, en barrio Gráfico, y elevó a 78 los búnkers inactivados en la ciudad, 88 en el departamento Rosario y 133 en toda la provincia durante la gestión del gobernador Maximiliano Pullaro.
Te puede interesar
El operativo fue supervisado por autoridades del Ministerio de Justicia y Seguridad y fiscales del MPA. El secretario de Seguridad Pública, Omar Pereira, explicó que el inmueble funcionaba como un "aguantadero" donde se concentraban actividades vinculadas al microtráfico, la violencia y las extorsiones, generando una situación crítica para los vecinos del sector.
Por su parte, la fiscal Mercedes Banchio indicó que se trata del quinto búnker derribado en barrio Gráfico como resultado de una investigación que permitió detectar no solo la comercialización de drogas, sino también delitos asociados a organizaciones criminales. Durante los procedimientos se secuestraron estupefacientes fraccionados, entre ellos cocaína, además de otros elementos de interés para la causa.
La representante del MPA destacó que la investigación avanzó gracias a las denuncias realizadas al 0800 y al 911, junto con testimonios reservados contemplados por la Ley de Microtráfico y el análisis de teléfonos celulares secuestrados en los primeros allanamientos. Esa información permitió identificar nuevos involucrados y establecer los roles que cumplían dentro de la organización.
Como consecuencia de la causa, varias personas permanecen detenidas con prisión preventiva, mientras otras esperan la audiencia preliminar o el inicio del juicio oral. La investigación continúa bajo la órbita del Ministerio Público de la Acusación.
La Ley de Microtráfico, sancionada por la Legislatura de Santa Fe en diciembre de 2023 y promulgada por el gobernador Maximiliano Pullaro, permitió intensificar este tipo de intervenciones mediante un trabajo conjunto entre el Gobierno provincial, la Justicia, el MPA, la Policía de Santa Fe, fuerzas federales y gobiernos locales para desarticular puntos de venta de drogas y recuperar los barrios.