La investigación contra Manuel Adorni dio un giro favorable para el exfuncionario: el fiscal federal Gerardo Pollicita consideró que las pruebas reunidas no permiten sostener la hipótesis de enriquecimiento ilícito durante su paso por el Gobierno. En consecuencia, solicitó que la causa pase a la Justicia Nacional en lo Penal Económico para examinar posibles delitos tributarios.
Te puede interesar
El dictamen representa un revés para la acusación que puso bajo sospecha el crecimiento patrimonial de Adorni. La Fiscalía no pudo descartar que los fondos cuestionados provinieran de operaciones anteriores a su llegada al Poder Ejecutivo. El pedido todavía debe ser resuelto por el juez Ariel Lijo y no constituye un sobreseimiento.
La acusación necesitaba pruebas, no sospechas
La investigación patrimonial comprendió el período entre el 14 de diciembre de 2023 y el 27 de junio de 2026. El punto central consistía en determinar si Adorni había incrementado injustificadamente su patrimonio durante el ejercicio de la función pública.
La defensa presentó una explicación diferente: sostuvo que el capital provenía de inversiones en Bitcoin realizadas entre 2014 y 2018, varios años antes de su incorporación al Gobierno.
Según ese descargo, Adorni operó mediante ocho direcciones de autocustodia, con compras cercanas a los USD 200.000. La posterior liquidación de los activos habría generado USD 591.544,61, que conservó en efectivo.
Pollicita consideró que esa explicación no pudo ser refutada con los elementos disponibles. Además, señaló que la investigación no logró vincular el dinero con “un acto funcional, una contraprestación o una fuente ilícita asociada a la función”.
La diferencia es decisiva: cuestionar un patrimonio no alcanza para demostrar que se obtuvo de manera ilícita durante el desempeño de un cargo. La repercusión política de una denuncia no reemplaza la prueba que exige una investigación judicial.
Los ingresos anteriores al Gobierno, bajo análisis
La Fiscalía también reconstruyó los ingresos formales de Adorni y su esposa, Bettina Angeletti, a partir de registros de ANSES y ARCA.
Las remuneraciones acumuladas del matrimonio equivalían aproximadamente a USD 335.000 hasta 2014 y a USD 493.000 hasta 2018. Los registros cambiarios, por su parte, consignaron compras conjuntas por USD 60.983 entre 2011 y 2014, que ascendieron a USD 83.472 al incorporar 2015.
Esos antecedentes integraron el análisis sobre la capacidad económica del matrimonio para realizar las inversiones que describió la defensa.
Qué deberá resolver Lijo
El expediente mantiene una línea de investigación abierta. Pollicita pidió que el fuero Penal Económico determine si existió evasión tributaria vinculada con los fondos y operaciones examinados.
Ahora corresponde a Lijo decidir sobre ese pedido. El cambio es sustancial: la Fiscalía dejó de sostener la hipótesis de enriquecimiento ilícito con la prueba reunida y propuso investigar una posible irregularidad tributaria.
Para el debate público también queda una exigencia elemental: la conclusión del fiscal merece la misma atención que recibió la sospecha inicial.