El gobierno de Javier Milei prepara un nuevo paquete de desregulaciones económicas que abarcará distintos sectores estratégicos con el objetivo de reducir costos, eliminar trabas burocráticas y profundizar la apertura de mercados.
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Las reformas son elaboradas por el Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado encabezado por Federico Sturzenegger y podrían ser presentadas en los próximos días.
Desde el oficialismo sostienen que las medidas buscan aumentar la competitividad, facilitar inversiones y permitir el ingreso de nuevos actores a sectores históricamente regulados por el Estado y corporaciones profesionales.
Uno de los principales cambios apunta al régimen de cabotaje fluvial, donde el Gobierno busca habilitar la libre navegación para embarcaciones extranjeras y terminar con restricciones que actualmente elevan los costos logísticos del transporte interno.
Según explican desde la Casa Rosada, el esquema vigente obliga a utilizar barcos de bandera argentina y tripulación local para operar entre puertos nacionales, generando sobrecostos especialmente para productores del norte y la región mesopotámica.
La reforma permitiría incorporar operadores más eficientes y abaratar el transporte fluvial, en línea con la estrategia oficial de impulsar una economía más abierta y competitiva.
Otro de los sectores alcanzados será el mercado inmobiliario. El paquete prevé eliminar requisitos como la matriculación obligatoria y los honorarios mínimos, ampliando la competencia y reduciendo barreras de entrada dentro de la actividad.
Además, el Gobierno planea avanzar sobre la industria del seguro y el sistema financiero con reformas orientadas a bajar el costo del crédito y mejorar el acceso al financiamiento, especialmente para pequeñas empresas y sectores productivos.
Las nuevas medidas se suman al avance legislativo de iniciativas como la Ley Hojarasca y la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, dos proyectos que forman parte del programa oficial de reducción de regulaciones y modernización económica.
Desde el entorno presidencial aseguran que el objetivo es terminar con décadas de burocracia, privilegios corporativos y trabas estatales que limitaron la competencia y encarecieron la economía argentina.