El Gobierno nacional dispuso un refuerzo presupuestario destinado al sistema público de salud, con el objetivo de mejorar la infraestructura hospitalaria y actualizar las remuneraciones del personal sanitario. La medida fue oficializada este viernes mediante la Decisión Administrativa 29/2025, publicada en el Boletín Oficial con las firmas del Jefe de Gabinete, Guillermo Francos, y del ministro de Economía, Luis Caputo.
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El refuerzo se financiará con una reasignación interna de $35.832 millones provenientes de las Obligaciones del Tesoro, orientada a atender los requerimientos definidos por el Congreso en la Ley 27.796, que declaró la emergencia sanitaria en salud pediátrica y residencias médicas.
Aunque la aplicación integral de esa ley permanece en suspenso por criterios de responsabilidad fiscal, el Ejecutivo resolvió avanzar con una readecuación presupuestaria para cubrir los gastos más urgentes en hospitales nacionales y programas médicos esenciales. Según fuentes oficiales, la decisión refleja “la voluntad del Gobierno de actuar con seriedad, sin demagogia electoral y priorizando los sectores más sensibles”.
Entre los principales beneficiarios, el Hospital de Pediatría Garrahan recibirá $20.180 millones, mientras que $5.110 millones serán destinados al programa de formación de recursos humanos sanitarios. Otros $3.380 millones irán a hospitales de alta complejidad como El Cruce (Florencio Varela), SAMIC El Calafate, Cuenca Alta Néstor Kirchner, René Favaloro y Presidente Néstor Kirchner.
Además, se reasignaron $7.160 millones en partidas para organismos descentralizados, entre ellos el Hospital Laura Bonaparte, el Posadas, el Sommer, el Ramón Carrillo y el Instituto de Rehabilitación Psicofísica del Sur.
El Gobierno remarcó que esta medida “ratifica el compromiso con el capital humano y la continuidad de la atención pediátrica en todo el país”, en línea con la estrategia de mantener equilibrio fiscal sin descuidar la inversión social. El refuerzo presupuestario llega pocos días después de la elección legislativa y complementa las nuevas partidas liberadas para prestaciones de discapacidad, en lo que se considera un gesto de gestión responsable y priorización real de la salud pública.