La nueva estrategia argentina sobre Malvinas comenzó a trasladarse al sector privado. Halliburton y Baker Hughes, dos de las principales compañías mundiales de servicios petroleros, confirmaron que no participarán de proyectos hidrocarburíferos en las islas ni en los espacios marítimos circundantes, mientras el G6 empresario expresó su respaldo a las medidas impulsadas por el Gobierno de Javier Milei.
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Los pronunciamientos se conocieron después de que el Ejecutivo avanzara con el Decreto 868/2026 y reforzara los mecanismos de aplicación de la Ley 26.659, que establece sanciones contra compañías involucradas en explotaciones de hidrocarburos realizadas sin autorización argentina en las áreas cuya soberanía reclama el país.
El dato adquiere relevancia por el peso internacional de ambas empresas. Halliburton y Baker Hughes se encuentran entre los mayores proveedores globales de tecnología, equipamiento y servicios especializados para la industria petrolera, incluidos desarrollos offshore de alta complejidad.
Las definiciones agregan presión sobre Sea Lion, el proyecto petrolero previsto en el área de Malvinas y operado por Navitas Petroleum junto con Rockhopper Exploration.
Halliburton descartó participar de Sea Lion
Halliburton Argentina dejó expresamente asentado que no participa ni participará del proyecto Sea Lion ni de otras actividades de exploración o producción alrededor de las Islas Malvinas.
La compañía afirmó que “respeta la soberanía de la República Argentina y reafirma su compromiso con Argentina, su pueblo, y el desarrollo responsable del sector energético del país”.
También señaló que “no participa en el Proyecto Sea Lion ni en ninguna actividad relacionada de exploración o producción que se lleve a cabo en torno a las Islas Malvinas”.
La firma remarcó además que desarrolla sus operaciones en cumplimiento de las leyes y regulaciones argentinas.
Baker Hughes tomó la misma posición
Baker Hughes Argentina comunicó una definición similar y descartó intervenir en licitaciones vinculadas con proyectos petroleros en el archipiélago.
La empresa confirmó que “no participa ni tiene previsto participar en procesos de licitación que tengan por objeto la prestación de servicios para proyectos hidrocarburíferos en las Islas Malvinas, así como en los espacios marítimos e insulares circundantes”.
Aunque ninguna de las dos compañías se dedica exclusivamente a extraer petróleo, ambas tienen un rol central en la provisión de equipos, tecnología, servicios de perforación y soluciones técnicas necesarias para proyectos offshore.
A ellas se suma como antecedente SLB, la antigua Schlumberger, que ya había comunicado previamente que tampoco prevé participar de proyectos hidrocarburíferos en Malvinas sin autorización argentina.
La presión argentina apunta a Sea Lion
El Gobierno busca utilizar el peso del mercado energético argentino para elevar el costo de participar de explotaciones no autorizadas en las islas.
En el centro del conflicto aparece Sea Lion, encabezado por Navitas Petroleum, con una participación del 65%, y Rockhopper Exploration, con el 35% restante.
La estrategia oficial consiste en colocar a proveedores internacionales ante una disyuntiva: participar de proyectos desarrollados en Malvinas sin autorización argentina o conservar su acceso a un mercado energético nacional en expansión, con Vaca Muerta como principal polo de inversiones.
Milei sintetizó esa posición durante el anuncio de las nuevas medidas: “Quienes operan en nuestras islas a espaldas del Gobierno argentino tendrán que elegir entre una apuesta ilegal en un territorio disputado y una operación rentable y segura en un país soberano con reglas claras y previsibilidad”.
El G6 empresario respaldó la estrategia
Mientras Halliburton y Baker Hughes fijaban su posición, las principales entidades empresarias argentinas respaldaron conjuntamente las medidas adoptadas por el Gobierno.
El G6 está integrado por la Asociación de Bancos Argentinos, la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, la Cámara Argentina de Comercio y Servicios, la Cámara Argentina de la Construcción, la Sociedad Rural Argentina y la Unión Industrial Argentina.
“La soberanía sobre las Islas Malvinas constituye una causa nacional, permanente e irrenunciable, que está por encima de las diferencias políticas y debe unir a todos los argentinos”, señalaron las entidades.
El pronunciamiento acompañó además las medidas destinadas a resguardar los recursos naturales de Malvinas, Georgias del Sur, Sandwich del Sur y los espacios marítimos correspondientes, dentro del marco constitucional, el derecho internacional y la búsqueda de una solución pacífica.
Primeras señales de la nueva estrategia
Los movimientos se producen pocos días después de que Milei presentara una política más amplia para Malvinas, que combina sanciones económicas, herramientas legales, diplomacia y fortalecimiento de la presencia argentina en el Atlántico Sur.
El Ejecutivo también prepara una Ley de Defensa de la Soberanía Nacional, destinada a ampliar las herramientas disponibles frente a empresas y actores que participen de actividades no autorizadas en territorios reclamados por Argentina.
En ese escenario, las decisiones de Halliburton y Baker Hughes representan dos señales concretas provenientes de empresas de peso global, mientras el respaldo del G6 aporta un acompañamiento institucional desde los principales sectores económicos argentinos.