El Gobierno nacional profundizó su estrategia sobre Malvinas con dos nuevas decisiones: confirmó una denuncia penal contra cinco empresas petroleras vinculadas con actividades hidrocarburíferas en áreas reclamadas por la Argentina y dispuso que el desarrollo de la Base Naval Integrada tenga prioridad en la elaboración del Presupuesto 2027.
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La presentación judicial estará a cargo del canciller Pablo Quirno, con el patrocinio del procurador del Tesoro, Sebastián Amerio. Las compañías alcanzadas son Navitas Petroleum Development & Production Ltd., Navitas Petroleum Atlantic United, Navitas Petroleum LP, JHI Associates Inc. y Eco (Atlantic) Oil & Gas Ltd.
La investigación apuntará a determinar responsabilidades por operaciones realizadas en la Cuenca Malvinas Norte sin autorización de la República Argentina. Algunas de las empresas involucradas contarían con licencias otorgadas por el Reino Unido para desarrollar actividades en la zona.
El planteo del Ejecutivo se apoya en la Ley 26.659, que regula las condiciones para realizar tareas de exploración y explotación de hidrocarburos en la Plataforma Continental Argentina.
La denuncia no quedará limitada a las sociedades involucradas. También podrá alcanzar a directores, gerentes, administradores, síndicos, representantes y otras personas que eventualmente hayan intervenido en las operaciones investigadas.
La ofensiva por los recursos del Atlántico Sur
La decisión forma parte del endurecimiento de la política oficial frente a la explotación de recursos naturales en torno a las Islas Malvinas. Uno de los focos de la disputa es el avance de proyectos petroleros offshore desarrollados bajo autorización británica y sin consentimiento argentino.
El Gobierno sostiene que este tipo de operaciones vulnera la legislación nacional y remarca que Naciones Unidas exhortó a la Argentina y al Reino Unido a evitar decisiones unilaterales que modifiquen la situación mientras permanezca pendiente la controversia de soberanía.
En ese escenario aparece el proyecto Sea Lion, uno de los principales desarrollos petroleros previstos en la zona. La Casa Rosada busca utilizar herramientas administrativas, económicas y judiciales para elevar el costo de participar directa o indirectamente en explotaciones que no cuenten con autorización argentina.
La presentación contra las cinco compañías se suma así a las medidas anunciadas por Milei para reforzar el régimen sancionatorio contra empresas relacionadas con actividades hidrocarburíferas en Malvinas.
La Base Naval entra en las prioridades del Presupuesto 2027
En paralelo con la ofensiva judicial, Milei firmó una instrucción dirigida al ministro de Economía, Luis Caputo, para que la Base Naval Integrada y otros proyectos considerados estratégicos para la seguridad nacional tengan prioridad durante la confección del Presupuesto 2027.
El proyecto presupuestario deberá ser enviado al Congreso el 15 de septiembre y la decisión presidencial busca asegurar recursos para avanzar con una infraestructura considerada central para incrementar la presencia argentina en el extremo sur del país.
La Base Naval Integrada en Tierra del Fuego forma parte de la estrategia oficial para ampliar las capacidades logísticas y militares argentinas en el Atlántico Sur y reforzar la proyección hacia la Antártida.
Con ambas decisiones, el Ejecutivo combina presión judicial sobre las compañías vinculadas con explotaciones no autorizadas y mayor inversión en infraestructura estratégica, dentro de una política que busca fortalecer la capacidad argentina para proteger sus recursos y sostener el reclamo de soberanía sobre Malvinas.