La polémica estalló después de que Nieto Di Biase intimara al Poder Ejecutivo Provincial para que, en menos de 72 horas, concrete la compra de una partida de carne roja para las viandas de los delincuentes alojados en establecimientos penitenciarios de Chubut.
Te puede interesar
Para Torres, la resolución vuelve a exhibir las prioridades completamente invertidas de un sector de la Justicia: mientras el Gobierno intenta endurecer los controles dentro de las cárceles y evitar que los presos sigan delinquiendo desde sus celdas, el garantismo judicial aparece para atender los reclamos de quienes terminaron tras las rejas por cometer delitos.
“Seguir naturalizando el garantismo berreta judicial que tanto problema generó y tan mal le hizo a toda la Argentina es un tema para que podamos trabajar todos juntos, la dirigencia política, y ponerle un punto final definitivamente”, disparó el gobernador.
Y Torres puso sobre la mesa una contradicción difícil de ignorar. Según denunció, el mismo juez que ahora se preocupa por que los presos tengan carne roja en sus platos puso obstáculos a allanamientos y a la iniciativa para quitarles los celulares dentro de las cárceles.
La medida impulsada por la Provincia buscaba terminar con una práctica conocida: delincuentes que continúan operando desde prisión, utilizando teléfonos para realizar estafas, “cuentos del tío” y otros delitos a distancia.
“El mismo juez que muchas veces no nos autoriza a realizar allanamientos o que a través de hábeas corpus ponen palos en la rueda, por ejemplo, para la iniciativa que tuvimos en Chubut de quitarle los celulares a los presos para terminar con las estafas a distancia, los cuentos del tío y demás que se realizaban, hoy nos obliga a que los presos tienen que comer carne roja”, cuestionó Torres.
El planteo del gobernador fue contundente: la prioridad debe ser la gente de bien, no los delincuentes. Torres cuestionó que quienes trabajan, pagan impuestos y cumplen la ley tengan que observar cómo un sector de la Justicia concentra sus esfuerzos en garantizar determinadas exigencias de quienes están presos por haber cometido delitos.
“Nosotros tenemos la responsabilidad de cuidar al ciudadano de bien, que se levanta temprano, que labura y que la verdad le indigna mucho ver cómo quien cometió un delito —porque están presos porque cometieron un delito, son delincuentes— tienen a la justicia poniéndolos en el lugar de víctima, en vez de victimario. Y la verdad que a los que tenemos que cuidar es a las víctimas en todo caso”, afirmó.
Torres también recordó otro episodio que utilizó para mostrar hasta dónde puede llegar el garantismo. Según relató, un preso peligroso consiguió mediante un hábeas corpus mantener encuentros presenciales con una psicóloga porque no quería realizarlos de manera virtual. Después, el delincuente protagonizó un intento de fuga.
Para el mandatario, por lo tanto, la discusión excede ampliamente el contenido del plato de los presos. Lo que está en juego es qué lugar ocupan los delincuentes y qué lugar ocupan las víctimas dentro de las prioridades del sistema judicial.
“Ya está demostrado que hay una cuestión ideológica, que hay una cuestión política y tenemos que depurar a la justicia de ese garantismo porque es peligroso, es peligroso justamente para los ciudadanos de bien”, sentenció Torres.
Mientras tanto, el subsecretario de Justicia, Rodrigo Miquelarena, informó que el Ejecutivo ya había iniciado el expediente administrativo para adquirir carne y reforzar las comidas servidas en la Alcaidía y el IPP.
El episodio abrió así un nuevo choque entre el Gobierno del Chubut y el Poder Judicial: de un lado, una administración que reclama más herramientas para controlar a los delincuentes; del otro, un juez cuestionado por Torres por frenar allanamientos, poner obstáculos al retiro de celulares y ahora exigir carne roja para los presos.