El Gobierno de Chubut avanzó con un megaoperativo en Comodoro Rivadavia que permitió detener a tres personas vinculadas a hechos violentos recientes, entre ellos el doble homicidio ocurrido el pasado 22 de abril, en un caso que expuso nuevamente el accionar de bandas con fuerte presencia en la ciudad.
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El despliegue incluyó 16 allanamientos simultáneos en distintos barrios y fue coordinado junto al Ministerio Público Fiscal. Como resultado, fueron detenidos dos presuntos coautores del doble crimen, además de Thiago Durán, quien se encontraba prófugo por otro homicidio cometido en 2025. Durante los procedimientos también se secuestraron armas de fuego, municiones y un vehículo presuntamente utilizado en el ataque.
La investigación busca esclarecer el asesinato de Rodrigo Nieves y Agustina Asencio, un hecho que conmocionó a la ciudad y que se inscribe en una trama de violencia vinculada a las familias Vera y Nieves, señaladas por su participación en distintos episodios delictivos en la región.
En ese contexto, Torres destacó que los resultados del operativo responden a una decisión política tomada días antes. “La semana pasada dijimos que los queríamos presos. Hoy cumplimos”, afirmó, al tiempo que remarcó que el objetivo es desarticular estructuras que durante años operaron con impunidad.
El antecedente: presión por la Ley Antimafia
La ofensiva del Gobierno provincial no es nueva. Días atrás, tras el asesinato de un testigo clave en una causa vinculada a estas bandas, Torres había reclamado públicamente la aplicación de la Ley Antimafia, advirtiendo sobre la necesidad de avanzar con condenas ejemplares.
Ese episodio terminó de acelerar la decisión de enviar a la Legislatura el proyecto de adhesión a la Ley Nacional 27.786, que permite juzgar a organizaciones completas y prevé penas de hasta 20 años de prisión.
El foco ahora: que no salgan
Además del avance legislativo, el Ejecutivo anunció la creación de la Mesa de Desfederalización del Narcomenudeo, con el objetivo de que la Justicia provincial pueda intervenir de manera más directa en delitos vinculados a la venta de drogas y estructuras barriales.
Desde el Gobierno sostienen que estas herramientas apuntan a evitar un problema recurrente en el sistema judicial: detenciones que no se traducen en condenas firmes o que terminan en liberaciones rápidas.
“No alcanza con detenerlos”, insistió el gobernador, al plantear que el desafío ahora es garantizar que los responsables permanezcan detenidos y que las investigaciones avancen sobre toda la estructura criminal.
En ese sentido, el operativo marca un punto de inflexión: no solo por las capturas, sino por el intento de consolidar un esquema donde la acción policial, la política criminal y la respuesta judicial funcionen en la misma dirección.