El subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez, difundió documentación oficial y remarcó que el Gobierno cumplió con todas las obligaciones presupuestarias vinculadas a la función salud. “No hay atraso en la transferencia de fondos”, afirmó el funcionario, quien además cuestionó la forma en que se presentó públicamente el conflicto.
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Según explicó Álvarez, la discusión gira alrededor de una partida extraordinaria destinada a todos los hospitales universitarios del país y no exclusivamente a la UBA. En ese sentido, señaló que desde la universidad se solicitó quedarse con el 95% de esos recursos, lo que dejaría un margen mínimo para el resto de las instituciones federales.
El funcionario también apuntó contra autoridades administrativas de la universidad por impulsar, según dijo, una narrativa alarmista para presionar políticamente al Gobierno. Desde el oficialismo consideran que parte del conflicto busca trasladar la disputa presupuestaria al terreno político y mediático, utilizando el funcionamiento de los hospitales como eje de confrontación.
En paralelo, el Gobierno aseguró que continúa trabajando en un esquema de distribución basado en indicadores objetivos y necesidades operativas reales de cada institución. La administración nacional sostiene que el objetivo es transparentar el uso de los recursos y evitar mecanismos discrecionales en la asignación presupuestaria.
La respuesta oficial busca desactivar el clima de incertidumbre generado en torno a los hospitales universitarios y reforzar la postura del Ejecutivo, que insiste en que el sistema sigue funcionando con normalidad y con fondos garantizados.