La Justicia resolvió suspender la ejecución de la medida cautelar vinculada a la Ley de Financiamiento Universitario, luego de conceder un recurso extraordinario presentado por el gobierno de Javier Milei. La decisión implica que la aplicación de la norma quedará frenada hasta que la Corte Suprema de Justicia de la Nación se expida de manera definitiva.
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La resolución se dio en el marco de la causa iniciada por el Consejo Interuniversitario Nacional contra el Estado nacional. Según informó el Ministerio de Capital Humano, el Ejecutivo había solicitado que el recurso tuviera efecto suspensivo, planteando que la implementación de la ley comprometía el equilibrio de las cuentas públicas.
“El Gobierno nacional presentó un Recurso Extraordinario Federal contra la sentencia del 31/3/26 (...) solicitando el efecto suspensivo. En el día de la fecha, la Cámara concedió dicho recurso”, indicó oficialmente la cartera encabezada por Sandra Pettovello.
Desde el oficialismo sostienen que la ley impulsada por sectores opositores carece de financiamiento claro y genera un fuerte impacto fiscal incompatible con el objetivo de mantener el superávit. En esa línea, el subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez, afirmó en redes sociales que la norma quedó suspendida por su impacto sobre el equilibrio fiscal, uno de los ejes centrales del programa económico libertario.
El Gobierno recordó además que, mediante el Decreto 759/25, ya se había dispuesto la suspensión de la ejecución plena de la ley hasta que el Congreso definiera las fuentes de financiamiento correspondientes. Según la postura oficial, avanzar con la implementación sin respaldo presupuestario implicaría comprometer la sostenibilidad de las cuentas públicas.
En medio de la disputa política y judicial, la administración de Milei ratificó su postura respecto al sistema universitario y aseguró que mantendrá el compromiso con el derecho a enseñar y aprender, aunque insistiendo en la necesidad de garantizar una asignación eficiente de los recursos del Estado y evitar medidas que profundicen el déficit fiscal.