El paro nacional convocado por CTERA registró un bajo nivel de adhesión en distintas provincias del país y el Gobierno de Javier Milei comenzó a relevar el funcionamiento de las escuelas para verificar el cumplimiento de la Ley de Modernización Laboral, que obliga a garantizar una prestación mínima en los servicios esenciales.
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Según los primeros datos oficiales, la Ciudad de Buenos Aires, Mendoza, San Luis y Chaco mantuvieron el dictado normal de clases, mientras que en Santa Fe se garantizó la prestación mínima prevista por la normativa. El relevamiento continúa en todo el país y servirá para determinar si hubo incumplimientos por parte de las organizaciones sindicales.
Desde el Gobierno remarcaron que la legislación vigente exige mantener al menos el 75% de la actividad educativa durante una medida de fuerza. En ese sentido, el secretario de Trabajo, Julio Cordero, defendió los controles realizados y afirmó: "La huelga existe, es un derecho, pero se encuentra moderada por la Ley de Modernización. Por eso se pide que se cumpla con el 75% de la actividad, porque del otro lado hay ciudadanos".
La ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, sostuvo que la prioridad es garantizar el derecho a la educación y evitar que los estudiantes vuelvan a ser los principales perjudicados por los conflictos gremiales. Además, el Ejecutivo anticipó que, si detecta incumplimientos de la ley, avanzará con las sanciones previstas contra los sindicatos, aclarando que las eventuales penalidades recaerán sobre las entidades gremiales y no sobre los docentes.
La medida de fuerza fue impulsada por CTERA en reclamo de una nueva Paritaria Nacional Docente, mejoras salariales y la restitución del FONID. Sin embargo, el escaso nivel de adhesión registrado en varias jurisdicciones redujo el impacto de la protesta y permitió que miles de alumnos asistieran normalmente a clases, mientras el Gobierno ratificó que hará cumplir la normativa que considera a la educación un servicio esencial.