El Gobierno nacional presentó una apelación contra el fallo que ordenó la aplicación inmediata de la Ley de Emergencia en Discapacidad en todo el país, pese a que la norma no cuenta con partidas presupuestarias específicas aprobadas por el Congreso.
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El recurso fue interpuesto por la Procuración del Tesoro de la Nación contra la decisión del juez federal de Campana, Adrián González Charvay, quien declaró inválido un artículo central del decreto 681/2025, mediante el cual el Poder Ejecutivo había suspendido la ejecución de la ley por falta de financiamiento.
La apelación fue firmada por el procurador del Tesoro, Santiago Castro Videla, con el patrocinio del subprocurador Julio Comadira. En el escrito, el Estado advirtió que el fallo genera un agravio institucional, al interferir en competencias propias del Ejecutivo y desconocer el marco legal vigente en materia de administración presupuestaria.
El magistrado concedió la apelación con efecto devolutivo, por lo que la sentencia continuará vigente hasta que se expida la Cámara Federal de San Martín. El Gobierno cuenta con un plazo de cinco días para ampliar los fundamentos del recurso.
El conflicto judicial se desarrolla en paralelo al debate legislativo. En la Cámara de Diputados, la oposición rechazó un artículo del Presupuesto que proponía derogar la ley, una votación que desde el Ejecutivo interpretaron como una reiteración de prácticas que imponen gastos sin definir su financiamiento. La Casa Rosada anticipó que buscará revertir ese resultado en el Senado.
El fallo cuestionado dejó sin efecto el artículo que suspendía la aplicación de la ley ante la ausencia de recursos asignados. El Gobierno había fundamentado esa decisión en la Ley de Ejecución Presupuestaria, que exige que toda norma que implique erogaciones cuente con una fuente de financiamiento clara. Tras el rechazo del veto presidencial, el Ejecutivo promulgó la ley, pero dispuso su suspensión hasta contar con respaldo presupuestario.
Desde el oficialismo remarcaron que obligar a ejecutar una ley sin recursos asignados vulnera principios básicos de responsabilidad fiscal y abre la puerta a reasignaciones discrecionales de partidas. En ese sentido, cuestionaron el criterio judicial que sugiere que el Jefe de Gabinete podría redireccionar fondos sin límites.
Con la apelación, el Gobierno busca que la Justicia revise una decisión que considera institucionalmente sensible. El Ejecutivo reiteró que la atención a sectores vulnerables debe garantizarse dentro de un marco legal y fiscal sostenible, respetando la división de poderes y el uso responsable de los recursos públicos.