La Cámara de Diputados dio media sanción al nuevo Régimen Penal Juvenil, que establece la baja de la edad de imputabilidad de 16 a 14 años y redefine el esquema penal para menores después de más de cuatro décadas sin cambios estructurales. La iniciativa, impulsada por el Ministerio de Seguridad y respaldada por Patricia Bullrich, obtuvo 149 votos afirmativos y 100 negativos, sin abstenciones.
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El oficialismo consiguió una mayoría amplia junto al PRO, la UCR, bloques provinciales y fuerzas federales, mientras que el peronismo votó en contra en bloque. El resultado coronó un año de trabajo legislativo en comisiones, con más de veinte proyectos analizados y la participación de especialistas en derecho penal juvenil y políticas de seguridad.
El nuevo régimen fija penas de hasta 15 años de prisión para delitos graves como homicidio, violación, secuestro o robo agravado cometidos por menores de edad. Para delitos con escalas menores, prevé medidas alternativas a la prisión, entre ellas servicios comunitarios, monitoreo electrónico, restricciones de acercamiento o reparación del daño a la víctima.
La norma también dispone la creación de institutos especializados para menores condenados, con acceso obligatorio a educación, salud y tratamiento de adicciones, y prohíbe expresamente la convivencia con detenidos adultos. Además, habilita herramientas como la mediación penal juvenil y la suspensión del proceso a prueba en casos leves, con intervención de las víctimas.
Desde el oficialismo sostuvieron que la reforma busca terminar con la impunidad en delitos graves cometidos por menores y dar una respuesta efectiva a las víctimas. En el debate estuvo presente la familia de Jeremías Monzón, caso emblemático que impulsó el reclamo social por cambios en el régimen vigente.
La diputada libertaria Laura Rodríguez Machado afirmó que el sistema actual, vigente desde 1980, “no previene ni resocializa” y deja a muchos jóvenes en un vacío legal que favorece su captación por redes criminales. En contraste, dirigentes opositores como Juan Grabois cuestionaron la reforma y defendieron el régimen actual.
El proyecto incorpora además un reconocimiento expreso de los derechos de las víctimas dentro del proceso penal juvenil, incluyendo información, participación y asistencia psicológica. Tras la media sanción, la iniciativa pasará al Senado, donde el Gobierno buscará convertir en ley una reforma que considera central para la política de seguridad.