El Gobierno de Santa Fe logró sostener el funcionamiento del sistema de seguridad en medio de la protesta policial y encauzó el conflicto mediante una combinación de conducción firme, medidas administrativas y apertura al diálogo.
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En una conferencia conjunta, los ministros Pablo Cococcioni (Justicia y Seguridad) y Pablo Olivares (Economía) remarcaron que la seguridad pública nunca se resintió en la provincia. En el caso de Rosario, la operatividad en la Unidad Regional II se mantuvo en torno al 90 %, con móviles en la calle y sin hechos graves derivados del conflicto.
Cococcioni explicó que el pase preventivo a disponibilidad dispuesto días atrás fue una decisión orientada a ordenar la situación institucional y garantizar la continuidad del servicio, no una sanción definitiva. Una vez restablecida la instancia de diálogo con representantes policiales, el Ejecutivo resolvió levantar la medida y convocar al retorno inmediato al servicio.
“Les pedimos que se presenten, retiren su arma y su chaleco y se reincorporen de manera inmediata al servicio ordinario”, sostuvo el ministro, subrayando que el Gobierno distingue entre reclamos legítimos y acciones que puedan afectar la prestación de un servicio esencial.
Desde la administración provincial remarcaron que la prioridad fue en todo momento proteger a la ciudadanía y preservar el orden público, sin desconocer la situación de desgaste que atraviesa parte del personal policial tras años de alta exigencia operativa. En ese marco, Cococcioni recordó las políticas implementadas en materia de salud mental, beneficios de transporte y mejoras económicas.
Por su parte, Olivares anunció una recomposición salarial focalizada en los rangos subalternos, donde se concentran los ingresos más bajos. Confirmó que todo el personal de seguridad y penitenciario con 48 horas semanales o más tendrá un ingreso no inferior a la canasta básica para un hogar tipo publicada por el Indec.
El ministro explicó que la medida implica un esfuerzo fiscal significativo y una decisión política clara: jerarquizar la función policial sin desordenar las cuentas públicas. La prioridad, afirmó, es establecer un piso salarial digno y avanzar luego en una estructura que reconozca mayores responsabilidades con mayores remuneraciones.
Con esta salida, el Gobierno provincial buscó enviar un mensaje doble: autoridad institucional para sostener el servicio y voluntad política para atender reclamos reales, consolidando una estrategia que apunta a preservar los estándares de seguridad alcanzados en Rosario y el resto de Santa Fe.