Mientras en las últimas semanas la Policía de Rosario quedó en el centro de la escena por protestas salariales, la Justicia provincial avanzó sobre una causa de corrupción estructural que involucra a la cúpula de la fuerza. Se trata de un sistema de desvío de fondos públicos destinados al combustible de los patrulleros, que operó durante al menos dos años y provocó un importante perjuicio económico al Estado santafesino.
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La investigación determinó que la organización estaba encabezada por Daniel Acosta, ex director de Policía y ex jefe de la Unidad Regional II, quien delegaba la operatoria diaria en su secretario privado, Rodrigo Domínguez, señalado como el organizador del entramado ilegal. Según la acusación, ambos coordinaban la logística, el reparto del dinero y las presiones internas dentro de la fuerza.
El modus operandi se basaba en un acuerdo ilegítimo con la estación de servicio Gas Auto Tiferno, ubicada sobre avenida Ovidio Lagos, proveedora oficial de combustible. A través de sobrefacturación y cargas ficticias, se simulaban consumos de patrulleros que no existían. A cambio, la empresa entregaba retornos en efectivo cada quince días a las distintas secciones policiales involucradas.
El dinero ilícito ascendía por la cadena jerárquica hasta llegar a los máximos responsables. Domínguez controlaba que cada división entregara su parte, ya sea mediante sobres con efectivo o a través de intermediarios que actuaban como cobradores. Incluso se implementó un sistema interno de castigos denominado “Oficina de Gestión de Multas (OGM)”, que sancionaba a quienes se atrasaban en los pagos, imponiendo multas ilegales o exigiendo bienes de alto valor.
De acuerdo con estimaciones oficiales, la maniobra habría generado entre 45 y 90 millones de pesos mensuales, cifra que podría haber sido mayor durante el período de Emergencia en Seguridad, cuando aumentó la cantidad de móviles en circulación. Tras una investigación exhaustiva, el juez Gustavo Pérez de Urrechu dictó la prisión preventiva de 14 ex policías, acusados de integrar una asociación ilícita que operó entre mayo de 2023 y mayo de 2025.