El Gobierno nacional presentará una denuncia por terrorismo contra quienes protagonizaron los episodios violentos en las inmediaciones del Congreso durante la sesión por la reforma laboral. La ministra Alejandra Monteoliva sostuvo que no se trató de una manifestación habitual sino de hechos deliberadamente organizados, evidenciados por la presencia de bombas Molotov, combustible y elementos preparados para agredir.
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La acusación se encuadrará en la Ley Antiterrorista 26.734, que contempla agravantes cuando los delitos buscan generar temor público o presionar a las autoridades. En la Casa Rosada consideran que el objetivo fue interrumpir el debate parlamentario mediante violencia y condicionar una decisión democrática.
Monteoliva respaldó el accionar de las fuerzas de seguridad y explicó que el operativo priorizó dispersar focos violentos sin provocar una escalada mayor, utilizando medios disuasivos antes de avanzar sobre los agresores. Según el parte oficial, hubo siete efectivos heridos y decenas de detenidos, sin lesionados de gravedad.
La investigación ya logró identificar a más de 17 personas y detener a más de 70, mediante el análisis de registros fílmicos, cámaras urbanas y tecnología biométrica. La ministra señaló que entre los implicados aparecen individuos con antecedentes y posibles conexiones con barras bravas y grupos radicalizados.
El Gobierno también descartó versiones sobre infiltraciones y afirmó que todo el operativo quedó registrado y judicializado. Para el oficialismo, los disturbios constituyeron un intento de presión violenta sobre el proceso legislativo, por lo que la denuncia por terrorismo representa un cambio de escala en la respuesta penal frente a hechos de desestabilización.