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Intento de desestabilización en Chubut: allanaron a Gonzalo Carpintero por buscar frenar el inicio de clases

La fiscal Julieta Gamarra confirmó el secuestro de teléfonos y un DVR tras la denuncia del titular de ATE, José Severiche, quien aseguró que le ofrecieron dinero para generar un conflicto que impidiera el ciclo lectivo. El Gobierno provincial respaldó la investigación y ratificó que no permitirá maniobras contra el sistema educativo.

Por Redacción

Jueves, 12 de febrero de 2026 a las 11:05

La Justicia provincial avanzó con una serie de allanamientos en Trelew en el marco de una causa que investiga un presunto intento de boicotear el inicio de clases en Chubut. El principal señalado es el exfuncionario Gonzalo Carpintero, quien, según la denuncia del secretario general de ATE, José Severiche, habría ofrecido dinero para generar un conflicto gremial que impidiera el normal comienzo del ciclo lectivo.

La titular de la Agencia de Delitos contra la Administración Pública, Julieta Gamarra, confirmó que tras la ampliación de la denuncia se realizaron allanamientos en una empresa pesquera del Parque Industrial Liviano donde Carpintero desempeña funciones. En los procedimientos se secuestraron teléfonos celulares —incluido el del propio Carpintero— y el DVR del inmueble donde se habría concretado la reunión, ocurrida el 4 de febrero por la mañana.

Según detalló la fiscal, la hipótesis preliminar encuadra en el delito de cohecho, al tratarse de una presunta oferta de dinero para influir en decisiones que afectan el funcionamiento institucional. En la denuncia también se menciona que la maniobra buscaba “generar un perjuicio al gobernador”, utilizando el conflicto educativo como herramienta de presión política.

Desde el Gobierno provincial destacaron la rapidez con la que actuó la Justicia y remarcaron que no permitirán maniobras de desestabilización que afecten a miles de estudiantes y familias. La administración provincial ratificó su compromiso con el normal funcionamiento del sistema educativo y sostuvo que cualquier intento de utilizar reclamos sindicales con fines políticos será investigado hasta las últimas consecuencias.

La Fiscalía ahora analizará el material secuestrado para determinar si existen elementos suficientes para avanzar hacia una imputación formal. El Ejecutivo provincial, en tanto, considera el caso como un intento grave de interferir en la vida institucional de la provincia a través de un conflicto inducido.

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