El Gobierno nacional consiguió este jueves el dictamen de la reforma laboral en el Senado, un paso central para avanzar con uno de los ejes estructurales de su agenda. El tratamiento en el recinto quedó programado para febrero, luego de un acuerdo entre La Libertad Avanza y sectores de la oposición dialoguista, en un contexto de fuerte tensión política.
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La definición fue confirmada por la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, durante el plenario de las comisiones de Trabajo y Presupuesto y Hacienda. Allí, el oficialismo optó por una estrategia de responsabilidad política: asegurar el dictamen, encauzar la discusión y evitar un tratamiento acelerado que pusiera en riesgo los consensos alcanzados.
Mientras la reforma laboral avanzará en febrero, el Ejecutivo sí buscará despachar de inmediato el Presupuesto 2026 y la ley de inocencia fiscal, iniciativas que se tratarían el 26 de diciembre, en el cierre del período de sesiones extraordinarias. Con ello, el Gobierno apunta a consolidar el núcleo de su programa económico antes de fin de año.
Durante la jornada, Bullrich se trasladó a la Casa Rosada y luego encabezó una reunión clave con el bloque de la UCR, donde se destrabó la negociación. El encuentro permitió acordar modificaciones al texto, garantizar la firma del dictamen y fijar un cronograma de trabajo durante enero y principios de febrero para pulir la redacción final.
La jugada descomprimió el clima político y preservó la mayoría necesaria en comisiones. En ese marco, el kirchnerismo volvió a quedar al margen del proceso: no designó representantes formales y anticipó una eventual judicialización, una estrategia que el oficialismo interpreta como un intento de bloquear reformas sin asumir costos políticos.
Lejos de la confrontación estéril, el Gobierno eligió ordenar, negociar y sostener la agenda de cambios. Con el dictamen asegurado, la reforma laboral sigue su curso y el Ejecutivo ratifica su decisión de avanzar con reglas claras, consensos y conducción política.