En la previa del tratamiento de la reforma laboral en Diputados, el Gobierno nacional confirmó que descontará el día a los empleados públicos que no concurran a trabajar durante el paro convocado por la CGT. La decisión, que ya se aplicó en medidas de fuerza anteriores, fue ratificada por fuentes de Casa Rosada en el marco de una estrategia para sostener la actividad estatal frente a la protesta sindical.
Te puede interesar
Desde el oficialismo remarcaron que el criterio es claro: no se abonarán jornadas no trabajadas, independientemente de la adhesión gremial. “Pueden hacer lo que quieran, pero el día se descuenta”, señalaron desde el entorno presidencial, en línea con la política de orden fiscal y control del gasto que impulsa la administración de Javier Milei.
El impacto del paro podría ser elevado debido a la adhesión de gremios del transporte, que confirmaron la paralización de colectivos, trenes, subtes y taxis durante 24 horas. Aun así, el Gobierno insistió en que los empleados públicos deberán presentarse a cumplir funciones, organizando los medios necesarios para garantizar la prestación de servicios.
En el Ejecutivo consideran que el llamado a la huelga perdió sustento luego de que el oficialismo aceptara revisar en comisión el artículo sobre licencias médicas que había generado controversia. Según la Casa Rosada, la protesta responde más a la resistencia sindical a la modernización laboral que a objeciones puntuales sobre el proyecto.
La medida de fuerza también expuso tensiones internas dentro del sindicalismo. Mientras UPCN adhiere sin movilizar, ATE convocó a marchar frente al Congreso y La Fraternidad ratificó la paralización total del transporte. Sectores industriales cuestionaron incluso la modalidad del paro, evidenciando diferencias en la conducción de la CGT.
Con este escenario, el Gobierno busca avanzar con una reforma que considera estructural para el empleo y la competitividad, al tiempo que envía una señal política: el Estado no financiará medidas de fuerza con recursos públicos.