El Senado de la Nación debate este jueves la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, uno de los proyectos centrales impulsados por el gobierno de Javier Milei para fortalecer la seguridad jurídica, brindar mayor previsibilidad a propietarios e inversores y establecer nuevas reglas sobre expropiaciones, desalojos y registros inmobiliarios.
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Uno de los principales ejes de la iniciativa apunta a endurecer los requisitos para las expropiaciones. El proyecto establece que la declaración de utilidad pública deberá interpretarse de forma restrictiva y estar debidamente justificada, obligando al Estado a demostrar que la medida es idónea, necesaria y proporcional, además de acreditar que no existe una alternativa menos lesiva para el propietario. También garantiza una indemnización basada en el valor real de mercado, actualizada por inflación y con posibilidad de incluir lucro cesante cuando corresponda.
La propuesta también busca acelerar los desalojos de ocupaciones ilegales. Para ello, establece que estos procesos tramiten por la vía sumarísima, reduciendo significativamente los tiempos judiciales. Además, incorpora herramientas para agilizar las notificaciones y mejorar la identificación de inmuebles, con el objetivo de evitar demoras que hoy prolongan los conflictos durante años.
Otro capítulo del proyecto modifica aspectos de la Ley del Fuego. Si bien mantiene la protección de los bosques nativos y las sanciones para quienes provoquen incendios de manera intencional, elimina restricciones que, según el Gobierno, perjudican a productores que fueron víctimas de incendios accidentales, diferenciando esas situaciones de las acciones delictivas.
La iniciativa también contempla una modernización integral del sistema registral mediante la digitalización de los registros inmobiliarios, la reducción de plazos administrativos y la creación de una Ventanilla Única Federal Inmobiliaria, que permitirá unificar información y facilitar las operaciones en todo el país.
Con este proyecto, el Gobierno sostiene que busca consolidar un marco legal más sólido para la protección de la propiedad privada, promover la inversión, fortalecer el acceso al crédito y generar condiciones de mayor estabilidad para el desarrollo económico.