El Gobierno nacional promulgó la Ley de Emergencia Pediátrica y la Ley de Financiamiento Universitario, pero confirmó que su ejecución queda suspendida por falta de presupuesto, conforme lo establece la Ley N.º 24.629. La decisión fue publicada en el Boletín Oficial y responde a una situación similar a la de la Ley de Emergencia en Discapacidad, también aprobada sin previsión de fondos.
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Según estimaciones oficiales, la aplicación plena de la Ley de Financiamiento Universitario requeriría $1,069 billones, mientras que la Emergencia Pediátrica implicaría otros $196 mil millones. Ambas cifras superan ampliamente las disponibilidades del Tesoro Nacional, por lo que el Ejecutivo no puede ponerlas en marcha hasta que el Congreso disponga las partidas necesarias.
El marco legal es claro: el artículo 5° de la Ley 24.629 dispone que toda norma que genere gasto debe especificar su fuente de financiamiento, y que, en caso contrario, queda suspendida su ejecución hasta la inclusión de las partidas correspondientes.
Desde el Gobierno recordaron que las leyes N.º 27.795 y 27.796, recientemente aprobadas, no establecen de dónde saldrán los fondos. “El Poder Ejecutivo no está habilitado a ejecutar normas que por imperativo legal se encuentran suspendidas”, explicaron fuentes oficiales, al tiempo que aseguraron que las medidas se implementarán en cuanto el Congreso asigne el financiamiento.
En la Casa Rosada interpretan esta situación como una maniobra política del Parlamento para trasladar al Gobierno el costo de no aplicar las normas. “El Congreso aprueba leyes sin presupuesto para luego acusar al Ejecutivo de falta de sensibilidad social”, sostienen funcionarios del entorno presidencial.
Además, remarcan que los legisladores evitan definir qué recortes serían necesarios para financiar los nuevos gastos. La Ley de Emergencia Pediátrica, por ejemplo, menciona una genérica “readecuación de partidas del Ministerio de Salud”, sin especificar qué áreas se verían afectadas.
Aun así, el Ejecutivo decidió reasignar fondos internos para atender las necesidades más urgentes del sistema pediátrico, en el marco de la ley vigente. “Se busca equilibrar la responsabilidad fiscal con la sensibilidad social”, señalaron desde Jefatura de Gabinete, dejando en claro que el Gobierno no violará el orden presupuestario mientras cumpla con las prioridades sanitarias.