El bloque de senadores de La Libertad Avanza (LLA) anunció que rechazará el aumento de las dietas parlamentarias que elevará los ingresos brutos de los miembros de la Cámara Alta a alrededor de $11,5 millones mensuales. La postura fue difundida a través de un comunicado que compartió la senadora Patricia Bullrich, jefa del espacio en el Senado.
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Desde el bloque liberal señalaron que el incremento no resulta apropiado en el actual contexto económico y sostuvieron que la dirigencia política debe actuar con mayor responsabilidad frente a la situación del país. En el mensaje remarcaron que los ingresos de los legisladores ya se ubican muy por encima del salario promedio de los argentinos.
El comunicado también subraya que millones de ciudadanos realizan esfuerzos cotidianos en medio de un proceso de recomposición económica. En ese escenario, el bloque planteó que la política debería acompañar ese esfuerzo con señales de coherencia y austeridad.
La discusión surge luego de que se confirmara una actualización salarial en el Congreso que impactará automáticamente en las dietas de los senadores. El aumento se origina en un acuerdo paritario firmado entre las autoridades administrativas del Parlamento y los gremios legislativos.
El mecanismo vigente en la Cámara Alta establece que cualquier modificación en los salarios del personal legislativo se traslada de manera directa a las dietas de los senadores, ya que estas se calculan en función del valor de los módulos salariales.
Actualmente, la remuneración parlamentaria se compone de 4000 módulos. De ese total, 2500 corresponden al sueldo básico, 1000 a gastos de representación y 500 al concepto de desarraigo.
Como consecuencia de la actualización salarial acordada con los sindicatos del sector legislativo, el ingreso bruto de los senadores pasará a ubicarse cerca de $11,5 millones mensuales, antes de los descuentos por impuestos y aportes previsionales.
Frente a este escenario, los senadores de La Libertad Avanza reiteraron que el bloque no avalará el incremento y afirmaron que la política debe actuar con mayor prudencia mientras el país atraviesa un proceso de ordenamiento económico.