Un nuevo conflicto dentro del sistema judicial santafesino dejó expuesta la tensión entre quienes impulsan la lucha contra el narcomenudeo y sectores de lo que muchos ya denominan la casta judicial.
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La polémica comenzó cuando la camarista Gabriela Sansó resolvió derivar a la Justicia federal una causa vinculada al microtráfico de drogas que estaba siendo investigada por fiscales provinciales.
El expediente involucra a presuntos integrantes de una estructura de narcomenudeo vinculada al recluso de la cárcel de Piñero Jonatan “Jano” Fernández, asociado a la organización criminal Los Monos.
En su resolución, la jueza confirmó la prisión preventiva de la mayoría de los imputados —aunque tres acusados recuperaron la libertad— y posteriormente declaró la incompetencia de la Justicia provincial para continuar con la investigación, al considerar que debía tratarse como narcotráfico.
La decisión encendió alarmas en el Ministerio Público de la Acusación (MPA), ya que la causa estaba siendo investigada bajo el marco de la Ley de Narcomenudeo sancionada en 2023, una normativa clave para combatir la venta de drogas en los barrios.
La advertencia del fiscal Merlo
El fiscal regional de Rosario, Matías Merlo, cuestionó con dureza la resolución y defendió el rol de la ley que permitió a fiscales y policías actuar directamente contra el microtráfico.
Según explicó, quitar esa competencia implicaría dejar al Estado sin herramientas para atacar uno de los principales motores de la violencia narco en Rosario.
“Si nos quitan la competencia vamos a tener un Estado bobo y eso va a impactar directamente en la seguridad pública con más homicidios, más balaceras y más heridos de arma de fuego”, advirtió Merlo.
El jefe de los fiscales rosarinos remarcó que la Ley de Narcomenudeo permitió avanzar con allanamientos, investigaciones y derribos de búnkeres de droga, estructuras que funcionan como puntos de venta y que suelen ser el epicentro de disputas violentas entre bandas criminales.
Para el fiscal, frenar la aplicación de esa ley implicaría retroceder en la estrategia de seguridad que permitió atacar el microtráfico en los barrios.
“Si nos quitan la herramienta de investigar el microtráfico, nos están quitando un instrumento esencial para bajar los hechos de violencia altamente lesivos: homicidios, balaceras y heridos de arma de fuego”, remarcó.
La reacción corporativa de los jueces
Las declaraciones del fiscal generaron una reacción inmediata dentro de la Cámara de Apelaciones en lo Penal de Rosario, cuyos integrantes difundieron un comunicado en defensa de la resolución.
En el documento, los camaristas acusaron a Merlo de ejercer un supuesto “intento de coacción institucional” y rechazaron vincular las decisiones judiciales con la evolución de la violencia en las calles.
Los jueces también intentaron relativizar el conflicto señalando que entre 2024 y lo que va de 2026 la Cámara recibió 358 recursos relacionados con causas de microtráfico y que solo siete fueron derivados a la Justicia federal.
Sin embargo, desde el Ministerio Público sostienen que el problema de fondo es otro: si la Justicia provincial pierde la posibilidad de investigar el narcomenudeo, se debilita una de las herramientas más efectivas para enfrentar la violencia narco.
La ley que permitió atacar el microtráfico
La Ley de Narcomenudeo aprobada en 2023 fue impulsada para permitir que la Justicia provincial investigue la venta minorista de drogas, mientras que el narcotráfico a gran escala continúa bajo competencia federal.
El objetivo de la norma fue atacar el fenómeno del microtráfico en los barrios, una actividad criminal que suele estar directamente asociada a balaceras, homicidios y disputas territoriales entre bandas narco.
Desde su implementación, fiscales y fuerzas de seguridad pudieron avanzar con operativos contra búnkeres de droga y redes de distribución local, una estrategia que las autoridades consideran clave para reducir la violencia en Rosario y otras ciudades de Santa Fe.
El cruce entre fiscales y camaristas vuelve a poner en el centro del debate qué herramientas necesita el Estado para enfrentar al narco y hasta qué punto ciertos sectores del sistema judicial están dispuestos a acompañar esa pelea.