Las fuerzas de seguridad de Santa Fe llevaron adelante un operativo para derribar dos búnkeres de venta de drogas en el barrio La Lagunita, una zona identificada por las autoridades como uno de los focos de narcomenudeo y violencia urbana dentro de la ciudad.
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El procedimiento se realizó en el marco de la Ley de Microtráfico, una normativa aprobada a fines de 2023 durante la gestión del gobernador Maximiliano Pullaro que permite avanzar con investigaciones focalizadas sobre venta minorista de estupefacientes y habilita medidas como la clausura y demolición de inmuebles utilizados para comercializar drogas.
Los operativos se desarrollan a partir de un trabajo coordinado entre el Gobierno provincial, el Ministerio Público de la Acusación (MPA), la Justicia santafesina y la Policía de Santa Fe, con apoyo de fuerzas especiales y autoridades locales.
Durante la supervisión del procedimiento, el secretario de Seguridad Pública, Omar Pereira, explicó que el operativo tenía una particularidad: los dos puntos de venta se encontraban a pocos metros de distancia entre sí, lo que reforzaba el impacto de la intervención.
“Se trata de dos búnkeres ubicados a escasos metros, en una zona particularmente activa en términos de violencia vinculada al microtráfico”, señaló el funcionario.
Según detalló Pereira, el barrio La Lagunita registró en los últimos meses episodios de homicidios, balaceras y enfrentamientos armados, hechos que suelen estar asociados a disputas por el control territorial del narcomenudeo.
“El barrio tuvo una serie de homicidios y tiroteos hace algunos meses. Es uno de los sectores donde más investigaciones por venta de drogas y más intervenciones se realizaron desde que comenzó a aplicarse la ley”, afirmó.
Consultado sobre posibles detenciones, Pereira explicó que al momento del allanamiento los inmuebles estaban deshabitados, aunque aclaró que en procedimientos previos realizados en el mismo lugar se habían secuestrado estupefacientes y comprobado su funcionamiento como punto de venta.
“El espíritu de la Ley de Microtráfico es reducir la violencia que generan estos lugares. Cuando hablamos de búnkeres también hablamos de homicidios, balaceras y situaciones que deterioran la vida cotidiana de los vecinos. Por eso es clave desactivar estos espacios”, sostuvo.
El fiscal del MPA Diego Giro brindó detalles de la investigación judicial que permitió avanzar con el procedimiento y explicó que los inmuebles forman parte de una causa iniciada el año pasado en ese sector de la ciudad.
“Es una investigación que lleva bastante tiempo. Ya realizamos varios allanamientos porque se trata de un lugar muy complejo en cuanto a la comercialización de estupefacientes y los delitos asociados”, indicó.
Según el fiscal, en la última etapa de la investigación se trabajó junto a la Tropa de Operaciones Especiales (TOE) y las tareas de inteligencia confirmaron que las construcciones continuaban siendo utilizadas para la venta de drogas.
“En el último procedimiento verificamos que los puntos seguían activos. Además, en diciembre del año pasado se produjo un doble homicidio a pocos metros del lugar, que según lo que surge de la investigación estaría vinculado con las mismas personas que operaban este búnker”, concluyó Giro.
La demolición de estos espacios forma parte de la estrategia de seguridad impulsada por la gestión de Pullaro, que busca desarticular las estructuras de narcomenudeo en los barrios y reducir los niveles de violencia asociados al comercio ilegal de drogas.