El Gobierno de Santa Fe llevó adelante este jueves el derribo de dos búnkers de venta y acopio de drogas en la ciudad de Puerto General San Martín, departamento San Lorenzo. Los procedimientos, ejecutados por el Ministerio de Justicia y Seguridad bajo supervisión de fiscales del Ministerio Público de la Acusación (MPA), se concretaron en Calle Pública 10 al 3553 y Misiones 179, en el marco del plan de desarticulación de puestos de narcomenudeo previsto por la Ley de Microtráfico, impulsada por el gobernador Maximiliano Pullaro.
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El ministro Pablo Cococcioni explicó que los puntos desactivados eran “dos sitios de venta de estupefacientes surgidos de una investigación conjunta entre la Policía de Santa Fe y fuerzas federales”. Según precisó, estaban vinculados a hechos de violencia y criminalidad en la zona y su derribo busca “evitar que la actividad se reactive periódicamente”.
Por su parte, el subsecretario de Intervención Federal, Federico Angelini, destacó que “más de 80 búnkers derribados en menos de dos años reflejan una política sostenida y coordinada entre Nación, Provincia, el MPA, Prefectura y la PDI”. Aseguró además que se trata de una estrategia que “ataca la raíz del problema: cómo opera la violencia en torno al microtráfico”.
El fiscal Franco Carbone calificó el operativo como “el mayor punto de acopio de estupefacientes detectado desde la vigencia de la ley”. En el lugar se secuestraron más de seis mil bochitas, equivalentes a cuatro kilos de cocaína lista para la venta. “Hemos decomisado más cocaína en otros casos, pero no con este nivel de procesamiento y empaquetamiento. Es un golpe significativo para el circuito de distribución en el Cordón Industrial”, afirmó.
La investigación, iniciada en 2024 a partir de denuncias ciudadanas al 911, fue dirigida por las fiscales Natalia Benvenutto y Carbone. Gracias a un trabajo conjunto entre Prefectura Naval Argentina y la Policía de Investigaciones (PDI) de San Lorenzo, se logró la detención de cinco personas, cuatro de las cuales permanecen con prisión preventiva.
Desde el inicio de la gestión de Pullaro, la provincia inactivó 81 búnkers en distintos municipios, en el marco de la Ley de Microtráfico, que transfirió a la Justicia provincial la competencia sobre los delitos de narcomenudeo. Según el Ministerio de Justicia y Seguridad, esta política busca “reducir los focos de violencia y recuperar el control territorial del Estado en zonas históricamente afectadas por el narcotráfico”.