El gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, volvió a marcar posición frente al avance del delito y las limitaciones del sistema judicial argentino. En declaraciones a LT8, apuntó directamente contra lo que definió como “el Estado bobo, el sistema bobo”, tras conocerse que uno de los acusados del crimen de Lucas Cicarelli —asesinado en la barranca del Paraná— no fue imputado por presuntos problemas psiquiátricos. “Debemos modificar la norma. Una persona, por más trastornos mentales que pueda tener, si comete 11 delitos graves en un año, a mí y a cualquiera le parece que tiene que estar privado de la libertad”, sostuvo el mandatario, al cuestionar la falta de herramientas legales para evitar que reincidentes peligrosos sigan en las calles.
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Pullaro denunció que existe una corriente ideológica dentro del Poder Judicial, de raíz kirchnerista, que debilita el sistema de seguridad y pone en riesgo a la sociedad. “Que un juez diga eso, esa mirada garantista que estamos discutiendo, que pone a esa persona en el lugar de víctima, golpea el trabajo de tanta gente que se juega la vida para que estemos mejor”,
enfatizó, al criticar la decisión de enviar al acusado a un centro de salud mental en lugar de a una cárcel.
El gobernador sostuvo que esa visión ideológica —que considera a los delincuentes como víctimas y al Estado como culpable— rompe la cadena de responsabilidad institucional y socava la autoridad policial y judicial. “En Rosario sufrimos mucho por esas ideas que se incrustaron en la cabeza de mucha gente, donde siempre ponían a la policía y al Estado en el lugar de malo”,
lamentó, y advirtió que “no va más en la Argentina” ese esquema de jueces que “rompen la seguridad y tiran el problema al otro”.
Pullaro también destacó el esfuerzo cotidiano de la Policía de Santa Fe, cuyos agentes “viajan grandes distancias y arriesgan su vida para proteger a los ciudadanos”.
Señaló que muchos efectivos “sienten frustración al ver que los delincuentes que ellos mismos detienen son liberados por decisiones judiciales”, lo que “desmoraliza y debilita la lucha contra el crimen”. “Siento que cumplí hasta donde pude”,
expresó el gobernador al recordar que la Policía detuvo al sospechoso Pablo Ibáñez en 11 oportunidades por delitos flagrantes durante su gestión anterior en Seguridad.
El mandatario reclamó al Congreso de la Nación una reforma integral del sistema penal que permita detener a personas peligrosas, aun cuando presenten trastornos mentales, garantizando su tratamiento en condiciones seguras, sin riesgo de fuga ni reincidencia. “Hay que modificar las leyes, pero no todos quieren modificarlas”,
afirmó, y recordó que durante su paso por el Ministerio de Seguridad “era imposible requisar los alimentos que llevaban los familiares porque un habeas corpus me lo impedía”.
Pullaro insistió en que los individuos con antecedentes de violencia deben tener “condiciones de detención diferentes, porque son un peligro para la sociedad, para los demás y para su propia familia”.
El gobernador concluyó que la prioridad debe ser proteger a los santafesinos y garantizar justicia real para las víctimas, dejando atrás las lógicas garantistas que —según dijo— sirvieron para justificar la impunidad. “Entiendo que hay que curarlo y están las herramientas del Estado para hacerlo, pero esa persona tiene que estar detenida o en una cárcel”,
resumió Pullaro, reafirmando su convicción de que la seguridad y la justicia deben estar del lado de la gente, no de los delincuentes.
Con su mensaje, el mandatario volvió a instalar la necesidad de una reforma profunda del sistema penal argentino, para que la ley vuelva a proteger a las víctimas y la ideología deje de ser excusa para la inseguridad.