El Gobierno nacional le dio un plazo de 48 horas a las universidades públicas para que presenten un plan que garantice la continuidad de las clases, en medio de las medidas de fuerza impulsadas por gremios docentes y no docentes.
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La decisión fue comunicada por el Ministerio de Capital Humano, a través de la Subsecretaría de Políticas Universitarias encabezada por Alejandro Álvarez, en un contexto de creciente conflicto sindical en el sistema educativo superior.
Desde la Casa Rosada manifestaron preocupación por la suspensión prolongada de actividades académicas, que en algunos casos ya lleva varias semanas y afecta directamente a miles de estudiantes.
El requerimiento oficial establece tres ejes centrales: garantizar el acceso a las aulas para docentes que no adhieran a los paros, implementar modalidades alternativas como clases virtuales o reprogramaciones, y asegurar que los alumnos no pierdan regularidad ni instancias de evaluación.
El Gobierno fundamentó su postura en el derecho constitucional a enseñar y aprender, remarcando que este principio no puede quedar subordinado a conflictos gremiales.
En ese sentido, el comunicado oficial advierte que el ejercicio del derecho a huelga no puede anular el acceso a la educación, introduciendo un punto clave en el debate.
Además, se puso el foco en el financiamiento del sistema universitario. Desde el Ejecutivo señalaron que el sostenimiento con fondos públicos exige la prestación efectiva del servicio educativo.
El propio Álvarez advirtió que, en caso de incumplimiento, podría avanzarse en la revisión de la asignación y transferencia de recursos presupuestarios, abriendo la puerta a medidas concretas sobre el financiamiento.
El documento también invoca el principio de continuidad del servicio público, señalando que la educación superior debe garantizarse de forma regular e ininterrumpida.
En paralelo, el Gobierno anticipó que podrían intervenir organismos como la SIGEN y la Auditoría General de la Nación, además de habilitar posibles acciones administrativas o judiciales.
Con esta medida, la administración de Milei endurece su postura frente a los paros universitarios y busca que las autoridades de cada institución asuman la responsabilidad de garantizar el funcionamiento del sistema.