El anuncio fue realizado por el ministro de Economía, Luis Caputo, quien destacó que el Comité Evaluador del RIGI dio luz verde al proyecto, permitiendo desarrollar un nuevo tipo de mineralización en una mina que se encontraba en etapa de agotamiento. El impacto económico será significativo tanto para la provincia como para el entramado productivo regional.
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Con esta aprobación, ya son diez los proyectos que ingresaron al RIGI, con una inversión total que supera los USD 25.000 millones, una cifra inédita en los últimos años. El dato confirma el cambio de clima económico impulsado por la administración de Javier Milei, que dejó atrás el esquema de cepos, retenciones y discrecionalidad que ahuyentó inversiones durante más de una década.
El proyecto Gualcamayo se suma a otras iniciativas de escala histórica. Días atrás, Caputo confirmó que BHP y Lundin Mining solicitaron su ingreso al RIGI para desarrollar el proyecto Vicuña, también en San Juan, con un desembolso inicial estimado en USD 2.000 millones durante los primeros dos años. Se trata de uno de los desarrollos de cobre, oro y plata más grandes de la región.
Este emprendimiento fue presentado bajo la modalidad de Proyectos de Exportación Estratégica de Largo Plazo (PEELP), que otorga beneficios por 40 años, incluyendo estabilidad fiscal, libre disponibilidad de utilidades y eliminación de derechos de exportación, reforzando la previsibilidad para inversiones de largo aliento.
En paralelo, el Gobierno evalúa extender por un año adicional el plazo de inscripción al RIGI, actualmente vigente hasta julio de 2026, ante el fuerte interés del sector privado. Según datos oficiales, más de 27 proyectos ya fueron presentados, principalmente en minería y energía.
El atractivo del régimen radica en reglas claras y competitivas: reducción del Impuesto a las Ganancias del 35% al 25%, eliminación de retenciones, recuperación anticipada del IVA y acceso a arbitraje internacional, un combo que explica el regreso de inversiones que durante años eligieron otros destinos.
La aprobación del proyecto Gualcamayo confirma una tendencia: la Argentina volvió a ser un país posible para invertir, con un Estado que deja de castigar al que produce y apuesta por el desarrollo, el empleo y las exportaciones como motores del crecimiento.