El Ministerio de Capital Humano, a cargo de Sandra Pettovello, presentó este martes una denuncia penal contra la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, por los presuntos delitos de estafa, defraudación a la Administración Pública y falsedad ideológica por haber declarado un domicilio en zona austral, presuntamente falso.
Según el comunicado emitido por el Gobierno, el suplemento cobrado a raíz esta modificación en el domicilio de la exmandataria, habría generado "un perjuicio fiscal a la ANSES", por lo que, además, el organismo solicita ser parte querellante en la causa.
En la denuncia presentada, se recuerda que la Bonificación de Zona Austral no se trata de una prestación de naturaleza previsional, sino que el derecho a su cobro está generado exclusivamente por la residencia efectiva o radicación real en las zonas o provincias de Río Negro, Neuquén, Chubut, Santa Cruz, La Pampa, Tierra del Fuego e Islas del Atlántico Sur y el Partido de Carmen de Patagones de la Provincia de Buenos Aires.
Previamente, el Ministerio de Capital Humano anunció que rechazó a través de la ANSES el recurso presentado por la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, quien había pedido la nulidad de la resolución que daba de baja su jubilación de privilegio. Según argumentó la cartera dirigida por Sandra Pettovello, tomaron esta decisión ya que la titular del PJ cuenta con una "sentencia definitiva por la comisión de un delito contra la administración pública".
"El Ministerio de Capital Humano, a través de la ANSES, rechazó el recurso presentado por Cristina Fernández de Kirchner, en el que solicitaba la nulidad de la resolución del organismo que dio de baja las asignaciones mensuales vitalicias de privilegio que percibía simultáneamente como expresidente de la Nación y viuda de un expresidente, en virtud de contar con una sentencia definitiva por la comisión de un delito contra la administración pública".
A su vez, señalaron que el recurso presentado por Cristina aseguraba que "ANSES carecía de facultades para revocar las asignaciones de privilegio que percibía, que la decisión fue arbitraria y que se vulneraron sus derechos". De todas formas, remarcaron que la resolución desestimó los argumentos al demostrar que el organismo sí tiene la facultad de "suspender, modificar o revocar resoluciones que otorguen beneficios, si se considera que fueron otorgados de manera ilegítima". En ese sentido, Capital Humano explicó que "la decisión no puede considerarse arbitraria, y el debido proceso quedó garantizado con la misma presentación recursiva que ANSES rechazó".