El Gobierno de Santa Fe y el Ministerio Público de la Acusación supervisaron el derribo de un nuevo búnker de venta de drogas en Puerto General San Martín, en el departamento San Lorenzo, en el marco de la Ley de Microtráfico, uno de los ejes de la política de seguridad provincial.
Te puede interesar
Con esta intervención, ya suman 111 puntos de venta inactivados en toda la provincia desde fines de 2023, cuando comenzó a aplicarse la normativa, en una estrategia enfocada en golpear el narcomenudeo en territorio.
El operativo se realizó en un inmueble de Presidente Roca al 900, en el barrio San Sebastián, y fue coordinado entre el Ministerio de Justicia y Seguridad, el Ministerio Público de la Acusación (MPA) y fuerzas de seguridad.
El lugar ya había sido allanado el 26 de marzo, en un megaoperativo en la región que incluyó seis procedimientos, ocho detenidos, casi dos kilos de cocaína y más de $12 millones secuestrados, marcando la magnitud de la red investigada.
La causa está a cargo de la fiscal Luisina Paponi, quien solicitó el derribo tras comprobar que el inmueble funcionaba como un punto activo de venta de drogas y foco de conflictividad.
El secretario de Seguridad, Omar Pereira, explicó el objetivo de estas intervenciones: “apuntan a desarticular los lugares donde se concentra la violencia vinculada al narcomenudeo”. Y agregó: “La Ley de Microtráfico permite actuar sobre estos puntos, que suelen estar asociados a balaceras y otros delitos”.
En la misma línea, detalló que según lo disponga la Justicia, los operativos pueden implicar “el derribo, el cerramiento o la clausura del inmueble”.
Por su parte, el fiscal Aquiles Balbis señaló que el domicilio “era identificado como un punto de venta y también de reunión de personas vinculadas a distintos hechos delictivos”, y confirmó que la investigación incluyó el secuestro de más de 6.000 dosis de droga.
Además, advirtió que el caso tiene conexiones con otros hechos: “Se trata de una investigación compleja, que no solo abarca la comercialización minorista de estupefacientes, sino también hechos de violencia asociados”.
Con este nuevo derribo, la gestión provincial profundiza una política que busca eliminar físicamente los puntos de venta, reducir la circulación de droga en los barrios y avanzar sobre las estructuras que sostienen el delito.