El hallazgo de un arsenal de guerra en Roldán dejó al descubierto un escenario mucho más grave que el narcotráfico tradicional: los investigadores sospechan que las armas estaban destinadas a un posible atentado contra el gobernador Maximiliano Pullaro.
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Se trata de fusiles calibre 5.56 tipo Colt y Norinco, armamento de alto poder capaz de perforar vehículos blindados, oculto bajo tierra en tambores plásticos y cubierto con una losa, en una maniobra que evidencia planificación, recursos y una estructura organizada.
La principal hipótesis apunta a la banda Los Menores, organización que viene expandiendo su control territorial en Rosario y que ya disputa poder con otras estructuras narco en una escalada de violencia cada vez más visible.
El dato que encendió todas las alarmas es el nivel de armamento: no se trata de armas para delitos comunes, sino de equipamiento pensado para ataques de alto impacto, con capacidad de enfrentar incluso dispositivos de seguridad reforzados.
Durante el operativo, dos personas vinculadas a la organización aparecieron en el lugar, lo que permitió avanzar en la investigación. Rodrigo Cappelletti (27) y Lautaro Noriega (35) fueron imputados por asociación ilícita y señalados como parte del esquema de custodia del arsenal.
Las conexiones conducen a nombres pesados del mapa narco, como Matías Gazzani, uno de los líderes de Los Menores, actualmente prófugo y con posibles vínculos internacionales, lo que eleva aún más el nivel de riesgo.
El contexto no es menor. En Rosario se viene registrando una seguidilla de ataques armados con mensajes intimidatorios, en una lógica donde el narcotráfico ya no busca ocultarse, sino marcar presencia y disputar poder abiertamente.
Uno de los factores que podría haber desatado esta escalada es el avance del gobierno provincial sobre las estructuras criminales, en particular con la construcción del nuevo penal de máxima seguridad en Piñero, destinado a aislar a los líderes narco.
El mensaje detrás del arsenal es brutal: el crimen organizado no solo busca resistir, sino también intimidar y condicionar al poder político.
En este escenario, la discusión ya no pasa solo por el delito, sino por el control del territorio y la capacidad del Estado para imponer orden frente a organizaciones que operan con lógica de guerra.