El Gobierno de Javier Milei avanzó con una nueva medida para impedir que delincuentes continúen coordinando estafas, amenazas y otros delitos desde las cárceles. El Ejecutivo extendió a las provincias el sistema que permite detectar y bloquear los celulares utilizados ilegalmente dentro de establecimientos penitenciarios.
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La decisión quedó formalizada mediante la Resolución 806/2026 del Ministerio de Seguridad Nacional, que creó el Programa para la Detección y Bloqueo de IMEI/IMSI en Establecimientos Penitenciarios.
La premisa oficial es contundente: las cárceles deben servir para cumplir condenas y no funcionar como centros de operaciones desde los cuales los presos puedan continuar manejando actividades criminales.
El mecanismo, que ya tenía aplicación en el ámbito federal, quedará disponible para todas las provincias y la Ciudad de Buenos Aires que decidan adherir.
Cómo bloquearán los celulares de los presos
El sistema permite identificar tres elementos fundamentales: el IMEI, correspondiente al equipo; el IMSI, asociado a la tarjeta SIM; y la línea telefónica utilizada.
Esto permite atacar distintas vías de evasión. Si un preso cambia la tarjeta SIM, por ejemplo, el teléfono identificado puede continuar bloqueado a través de su IMEI, impidiendo que vuelva a conectarse normalmente a las redes móviles.
Una vez detectados los dispositivos irregulares, las administraciones penitenciarias provinciales deberán remitir la información al Ministerio de Seguridad Nacional, que funcionará como ventanilla única frente a las compañías telefónicas.
Las operadoras tendrán un plazo máximo de 48 horas para confirmar la ejecución del bloqueo.
Un cerco contra el delito organizado desde las cárceles
El procedimiento contempla que las jurisdicciones adheridas remitan periódicamente los registros de IMEI e IMSI detectados dentro de las áreas restringidas.
Además, los servicios penitenciarios provinciales deberán monitorear los equipos utilizados para la detección y reportar cualquier inconveniente que pueda comprometer el funcionamiento del sistema.
La medida se apoya también en la Ley 24.660 de Ejecución Penal, que prohíbe el uso de teléfonos móviles por parte de los internos.
El programa contempla excepciones para dispositivos pertenecientes a personal penitenciario y otras personas autorizadas, que deberán permanecer en sectores de guarda ubicados fuera de las zonas sometidas al sistema de detección.
Con la extensión del mecanismo a las provincias, el Gobierno busca cerrar una de las herramientas utilizadas por organizaciones criminales para continuar operando desde prisión y reforzar el principio de que cumplir una condena implica también perder la posibilidad de utilizar ilegalmente un celular para seguir delinquiendo.