El gobernador de Chubut, Ignacio “Nacho” Torres, volvió a plantarse contra el fallo judicial que ordenó mejorar el aporte proteico de las comidas de los detenidos en Trelew y confirmó que su Gobierno apelará la resolución.
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“Nos quieren obligar a que, por un capricho de un puñado de delincuentes que hicieron un piquete en una alcaidía provincial, tengamos que darles asado una vez por semana”, cuestionó Torres, quien calificó la situación como “una locura”.
El mandatario volvió así a confrontar con el juez de garantías Marcelo Nieto Di Biase, que había intimado al Ejecutivo provincial a adquirir carne roja para reforzar la alimentación en establecimientos penitenciarios de Trelew.
Torres fue categórico sobre el destino de los recursos públicos: “Hay muchas otras prioridades para que el esfuerzo de todos los contribuyentes se ejecute mejor que dándoles asado todas las semanas a los presos”.
Torres cargó contra los jueces “garantistas”
El gobernador fue todavía más duro al cuestionar la doctrina de una parte del Poder Judicial provincial.
“En la Justicia tenemos enquistado un montón de jueces que se formaron con una doctrina zaffaronista que justifica al delincuente”, afirmó.
Según Torres, esa mirada termina colocando el foco sobre las circunstancias del delincuente en lugar de priorizar la seguridad de la sociedad. En ese contexto, lanzó una de sus frases más fuertes: “Un juez garantista es tan peligroso como el delincuente que está preso”.
El mandatario anticipó además que su administración pretende revisar otros fallos vinculados con hábeas corpus. “Vamos a revisar un montón de esos fallos que avalan esos habeas corpus, que hacen un daño enorme”, aseguró.
El fallo que desató la polémica
La controversia comenzó a partir de un hábeas corpus colectivo presentado por internos de la Alcaidía de Trelew por las condiciones de alimentación. La Defensa Pública cuestionó el aporte proteico de las raciones y denunció deficiencias en el servicio.
A partir de ese reclamo, Nieto Di Biase intimó al Gobierno provincial a avanzar con la compra de carne roja para mejorar la dieta de los detenidos.
El fallo, sin embargo, no ordena específicamente servir asado ni establece un corte determinado de carne. Mientras continúa la disputa judicial, el Gobierno provincial adquirió carne y pollo como solución provisoria, medida que fue aceptada por el magistrado.
El antecedente que Torres puso sobre la mesa
Para cuestionar el criterio del juez, Torres recordó el caso de Darío “El Loco” Cárdenas, condenado por homicidio y posteriormente recapturado luego de escapar durante una salida para recibir atención psicológica presencial.
“La primera vez que lo llevamos a la psicóloga de manera presencial se fue por la ventana”, relató el gobernador.
La autorización había sido concedida por el mismo juez, ante la falta de profesionales suficientes dentro del establecimiento penitenciario para realizar el tratamiento.
Con este nuevo enfrentamiento, Torres profundizó su ofensiva contra lo que define como “garantismo judicial” y volvió a colocar una premisa en el centro de su discurso: los recursos y las decisiones del Estado deben priorizar a los ciudadanos que cumplen la ley antes que los reclamos de quienes están detenidos.