El Gobierno nacional activó formalmente el proceso para privatizar Transener, la principal empresa de transporte de energía eléctrica del país, en línea con la estrategia de reducir la participación estatal en sectores donde considera que la gestión privada puede operar con mayor eficiencia.
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La decisión quedó oficializada mediante la Resolución 2090/2025 del Ministerio de Economía, publicada en el Boletín Oficial, que autoriza la venta de las acciones que el Estado posee a través de Energía Argentina (Enarsa). La operación se realizará mediante un Concurso Público Nacional e Internacional, con fecha límite para la presentación de ofertas el 23 de marzo, a través de la plataforma Contrat.Ar.
Según estimaciones oficiales, la transacción podría generar ingresos superiores a USD 200 millones, con un precio base de USD 205 millones. En función de la capitalización bursátil de la compañía, el valor total de la participación estatal incluso podría escalar hasta los USD 330 millones. El Ejecutivo prevé completar el proceso durante el primer semestre de 2026.
Transener cumple un rol central en el sistema eléctrico argentino: administra más de 12.400 kilómetros de líneas de alta tensión y garantiza el transporte de electricidad a lo largo de todo el país. Su estructura accionaria está encabezada por Citelec, que controla el 51% de las acciones clase A y es propiedad en partes iguales de Enarsa y Pampa Energía, mientras que el 49% restante cotiza en el mercado y está distribuido entre inversores privados, el Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) de la ANSES y una participación menor de la propia sociedad.
En términos concretos, Enarsa posee el 25,5% de las acciones clase A, además de una participación marginal en la oferta pública. Sumada la tenencia del FGS, el Estado nacional concentra cerca del 46% del capital de Transener. En esta etapa, solo se desprenderá de las acciones en manos de Enarsa, mientras que la ANSES conservará su participación.
La venta se diferencia de otras medidas recientes del Gobierno, como las concesiones de rutas o represas, ya que se trata de una transferencia directa de acciones y no de una cesión de activos. La empresa ya opera bajo gestión privada y exhibe una situación financiera sólida, con ingresos normalizados tras la Revisión Quinquenal Tarifaria y niveles de eficiencia que el Ejecutivo considera adecuados.
Desde la Casa Rosada remarcan que la privatización de Transener se inscribe en un modelo económico orientado a menos Estado, más inversión privada y reglas claras, con el objetivo de fortalecer las cuentas públicas y dinamizar sectores estratégicos sin intervención política.